Tres meses después de pedido, Corte no entrega información sobre causas en la Superintendencia

La Corte incumple deliberadamente la Ley de Transparencia al no proveer información sobre las causas tramitadas en la Superintendencia General de Justicia, a cargo de Analía Velázquez Argaña, cuyo sueldo es de más de G. 22 millones. El pedido se realizó el 9 de julio y el plazo venció el 30 de ese mes. Hasta ahora no hubo respuesta pese a los urgimientos. ¿Qué se esconde? ¿A quiénes se busca proteger? 

Se habla de que en la citada dependencia se blanquean sumarios, supuestamente a cambio de dinero. La Corte ya había cambiado a la cúpula anterior ante esa sospecha. ¿Continúa la recaudación?

«Quiero una lista de los expedientes tramitados en la Superintendencia General durante los años 2025 y 2026. Quiero saber cuál es el motivo de la apertura de cada causa. Las partes intervinientes y los abogados patrocinantes», rezaba la solicitud realizada por un periodista de este medio a través del formulario digital de acceso a la información pública de la Corte.

El pedido fue remitido el 7 de julio de este año y, desde la Dirección de Transparencia se solicitó mayor puntualización sobre la información requerida. Ese mismo día se pidió: «1) la lista de sumarios administrativos abiertos por la Superintendencia General entre el 1 de enero de 2025 y el 7 de julio de 2026, 2) los motivos que llevaron a la apertura de dichos sumarios administrativos, 3) los nombres de los funcionarios y magistrados que fueron sumariados, así como los de sus abogados».

En fecha 30 de julio venció el plazo de 15 días hábiles determinados por la Ley de Transparencia N° 5282/2014. Según la Dirección de Transparencia, el pedido fue remitido al Consejo de Superintendencia de la Corte recién en fecha 6 de agosto y hubo una reiteración el 28 de agosto. No obstante, dicha reiteración fue rechazada atendiendo a que, supuestamente, ya se iba a enviar la información solicitada. Más de un mes después de eso, el pedido sigue sin respuesta.

Ese mismo 7 de julio, se solicitó, vía Dirección de Comunicaciones, una entrevista con la superintendenta general Analía Velázquez de Gustafson, para que informe sobre: los expedientes actualmente en trámite, cantidad de causas abiertas, cantidad de funcionarios y magistrados denunciados, tipos de denuncias más frecuentes que afectan a los funcionarios y magistrados, nombre de los abogados intervinientes en cada caso.

Hasta el momento, tampoco se pudo lograr la entrevista solicitada.

SE HABLA DE PEDIDO DE COIMA Y SOBORNO A FUNCIONARIOS

Existen fuertes rumores de que en la Superintendencia General de Justicia se estaría pidiendo coima o sobornando a funcionarios de la referida dependencia, para el archivo de causas o desestimaciones de denuncias.

Hasta ahora no se ha escuchado que esté implicada la superintendenta de Justicia, la funcionaria Analía Velázquez Argaña, que justamente fue puesta ante las sospechas de que la cúpula anterior de la Superintendencia habría estado salpicada por hechos de corrupción. 

Es por ello que supuestamente se hizo el cambio. Se espera que realmente haya cambiado.

Sin embargo, no se descarta el blanqueo a cambio de dinero.

En la edición de ayer de El Observador publicamos que el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, archivó el caso del juez del fuero civil de Santa Rosa del Aguaray, Nelson Mercado, quien el jueves pasado fue enjuiciado por el Jurado de Magistrados, que además resolvió pedir su suspensión a la Corte Suprema de Justicia.

Mercado supuestamente solicitó US$ 30 mil a la abogada Ilsa Paredes, quien le respondió que ya le dieron un cheque de US$ 15 mil y que vea la forma de cambiar.

Estos datos fueron extraídos del celular de Paredes, en el proceso que soporta junto a Willian Bogarín y José Ljuebetic por una estafa de US$ 1.600.000.

¿Cómo los analistas del caso no encontraron elementos para recomendar un sumario? Los datos estarían en el expediente judicial y bastaría con pedir una copia para corroborar si las conversaciones están o no agregadas al expediente, para aconsejar un sumario al juez y a la abogada, para deslindar responsabilidades.

Sin embargo, le hicieron firmar a Martínez Simón el archivo del caso. Una vergüenza.