Antes de apretar el bolsillo de los colombianos, frenemos el desangre de la corrupción

La corrupción ocupa un lugar destacado entre los problemas que preocupan a los colombianos. Sin embargo, cuando se discute la situación fiscal del país, la conversación suele concentrarse en cuánto debe reducirse el gasto, qué impuestos deben aumentar y qué sacrificios tendrá que asumir la ciudadanía. Es una discusión necesaria pero incompleta. Antes de pedir nuevos esfuerzos a los hogares, también debemos preguntarnos cuánto pierde Colombia por la corrupción, cómo se administran los recursos públicos y quiénes terminan beneficiándose de esas pérdidas.

Las estimaciones sobre el costo de la corrupción en Colombia se acercan a los 80 billones de pesos anuales. Aunque no existe una medición única y plenamente actualizada que permita considerar esta cifra una pérdida exacta, su magnitud es reveladora: equivale aproximadamente al 89,4 % de los 89,5 billones previstos para inversión en el presupuesto nacional de 2027. Esta comparación no supone que todos esos recursos sean recuperables, sino que evidencia el enorme costo de oportunidad para el desarrollo económico y social del país.

A esta cifra no debe sumarse automáticamente la evasión tributaria, estimada en ocasiones entre 80 y 100 billones de pesos. Aunque ambos fenómenos pueden estar relacionados, son distintos y requieren mediciones independientes para evitar duplicidades. Mientras la corrupción desvía recursos y distorsiona las decisiones públicas, la evasión reduce ilegalmente los ingresos fiscales. Ambas debilitan la capacidad del Estado para invertir, redistribuir el ingreso y garantizar bienes públicos, además de erosionar la confianza ciudadana.

La corrupción también tiene un costo fiscal cuantificable

La radiografía de la corrupción en Colombia elaborada por Transparencia por Colombia para el periodo 2016–2022 documentó 1.243 hechos. El análisis estimó recursos comprometidos por 137,65 billones de pesos y pérdidas asociadas a la corrupción por 21,28 billones. También reportó 9,08 billones recuperados por las autoridades. Estas cifras no representan el universo completo de la corrupción nacional: corresponden a los casos identificados y documentados por el estudio. Precisamente por eso resultan relevantes, pues permiten observar el tamaño del daño incluso a partir de hechos conocidos y verificables.

El mismo informe identificó que la corrupción administrativa representó el 49,4 % de los hechos clasificados y la corrupción política el 23,73 %. La contratación pública apareció en el 31,94 % de los casos según la clasificación del estudio. Además, se estimó que 14,53 millones de personas resultaron afectadas directamente. Detrás de estos porcentajes hay servicios que no llegan, obras que cuestan más de lo previsto, proyectos inconclusos y oportunidades perdidas para comunidades que dependen de la inversión pública.

La discusión no puede terminar en la suma del dinero comprometido o perdido. Hace falta seguir su recorrido. ¿Quién recibió los recursos? ¿Qué funcionarios autorizaron las decisiones? ¿Qué contratistas, intermediarios o empresas obtuvieron beneficios? ¿Qué activos se adquirieron con el dinero desviado y dónde están hoy? Sin trazabilidad financiera y patrimonial, la sociedad conoce el tamaño aproximado del daño, pero no siempre identifica a quienes se beneficiaron ni logra recuperar los recursos.

¿Quiénes participan y quiénes se benefician?

El informe de la Misión de Observación Electoral sobre corrupción política registró 679 políticos condenados o sancionados entre 1991 y 2017. Dentro de ese grupo se contaron 443 alcaldes y 137 gobernadores. Es importante interpretar correctamente estos datos: no significan que esa proporción de todos los alcaldes o gobernadores del país haya sido corrupta. Describen la composición del conjunto de políticos incluidos en el registro analizado. Aun con esa cautela, la presencia de autoridades territoriales muestra por qué la vigilancia sobre la contratación local, las regalías y la ejecución presupuestal es decisiva.

Las cifras de la Secretaría de Transparencia también plantean preguntas sobre la capacidad institucional para investigar y sancionar. Su mapa de impunidad analizó 57.582 denuncias relacionadas con corrupción recibidas entre 2010 y 2023. Para el momento del análisis, el 93,99 % no registraba una condena, el 89,7 % no registraba captura y el 77,15 % se encontraba en etapa de indagación. Estos indicadores describen el estado procesal de las denuncias en la fecha observada; no prueban que todas fueran ciertas ni permiten concluir que cada caso terminó definitivamente impune. Sí señalan demoras y dificultades que merecen explicación.

El seguimiento debe llegar hasta los beneficiarios finales. Las empresas contratistas no son culpables por el solo hecho de contratar con el Estado, pero sus propietarios, socios y relaciones deben ser transparentes cuando se administran recursos públicos. De igual manera, la responsabilidad de un servidor público no desaparece porque haya actuado a través de terceros. Investigar las redes completas ayuda a evitar que la sanción recaiga únicamente sobre el eslabón más débil mientras los beneficios permanecen intactos.

La responsabilidad también es social

¿La corrupción es exclusivamente un problema del sector público? La pregunta merece una respuesta más amplia, sin borrar las diferencias entre las conductas ni repartir culpas de manera indiscriminada. La corrupción institucional ocurre cuando se abusa del poder confiado para obtener beneficios privados; pero la relación de una sociedad con las reglas colectivas también se expresa en prácticas que reducen los recursos comunes, trasladan costos a otros o buscan ventajas indebidas.

No pagar impuestos cuando existe la obligación de hacerlo, evadir deliberadamente una tarifa del transporte público, participar en el contrabando o reclamar una ayuda estatal mediante información falsa son comportamientos distintos en su escala, motivación y tratamiento jurídico. No todos constituyen corrupción en sentido estricto, y tampoco pueden equipararse con el desvío de grandes contratos públicos. Sin embargo, permiten examinar una pregunta común: ¿qué ocurre cuando una persona considera que las normas deben cumplirse solo si le convienen o si existe una alta probabilidad de sanción?

Por eso, cualquier análisis debe distinguir entre incumplimiento deliberado, necesidad material y fraude probado. La política pública debe corregir incentivos y facilitar el cumplimiento, además de sancionar conductas acreditadas. Una familia que no puede pagar un servicio, una persona en la informalidad o quien recibe legítimamente una transferencia no debe ser señalada como corrupta. La pobreza no convierte automáticamente una conducta en corrupción, pero tampoco elimina la responsabilidad por incumplimientos deliberados de las reglas comunes.

En un análisis preliminar que he venido desarrollando, aparece una asociación estadística entre mayores niveles de corrupción y menores niveles de desigualdad. El resultado es contraintuitivo y no debe interpretarse como evidencia de que la corrupción reduzca la desigualdad ni como una relación causal demostrada. Puede reflejar diferencias entre territorios, estructuras económicas, capacidades estatales, informalidad o limitaciones de los indicadores utilizados. Precisamente por eso exige pruebas adicionales, controles estadísticos y análisis de mecanismos antes de formular conclusiones.

Esta perspectiva permite examinar la corrupción como un problema institucional y también como un desafío de normas sociales, sin confundir responsabilidades. Los altos funcionarios y quienes controlan grandes presupuestos disponen de poder, información y capacidad de causar daños mucho mayores. Por ello, su responsabilidad pública es distinta y sus actos requieren controles reforzados. Pero una cultura de cumplimiento difícilmente se consolida si la sociedad percibe que las reglas se aplican de manera selectiva: con rigor para unos y tolerancia para quienes tienen conexiones o recursos.

El ajuste fiscal debe empezar por proteger los recursos públicos

Colombia necesita una política fiscal seria. Debe evaluar el gasto, mejorar la calidad de la inversión, fortalecer los ingresos y administrar la deuda con responsabilidad. La lucha contra la corrupción no reemplaza esas decisiones ni garantiza que cada peso perdido pueda recuperarse. Pero tampoco es razonable exigir sacrificios tributarios o recortes sin examinar primero qué recursos se pierden por fraude, captura de contratos, mala ejecución y controles insuficientes.

La respuesta debe combinar prevención, investigación y recuperación, con reglas claras y controles verificables. Eso implica fortalecer los sistemas de contratación abierta, identificar beneficiarios reales, cruzar bases de datos, proteger a quienes denuncian, evaluar riesgos antes de adjudicar contratos y verificar que el gasto produzca resultados. Las entidades territoriales necesitan equipos técnicos y controles que no dependan exclusivamente de la voluntad política de cada administración. La ciudadanía, por su parte, debe contar con información sencilla y canales efectivos para alertar sobre obras abandonadas, precios atípicos o servicios que no se prestan.

No se trata de presentar la corrupción como la única causa del desequilibrio fiscal ni de suponer que combatirla resolverá automáticamente el déficit. Se trata de reconocer que la calidad de las finanzas públicas depende tanto de los ingresos y gastos registrados como de la capacidad de impedir que una parte de los recursos se desvíe, se desperdicie o no cumpla su propósito. Cada peso protegido puede mejorar la inversión y la confianza, aunque el efecto concreto deba demostrarse y medirse.

La discusión fiscal debería empezar, entonces, con dos preguntas simultáneas: cuánto dinero necesita el Estado para cumplir sus obligaciones y cuánto puede dejar de perder por fallas de control, corrupción y evasión. La primera pregunta define el tamaño del esfuerzo requerido; la segunda permite examinar si estamos usando bien los recursos que ya tenemos.

Antes de pedirle a la ciudadanía que acepte nuevos impuestos, menos servicios o una inversión pública más limitada, el país debe demostrar que protege el dinero común, investiga a quienes lo desvían y recupera lo que legalmente pueda recuperar. La responsabilidad no es idéntica para todos, pero el principio sí debe ser compartido: las reglas colectivas existen para financiar derechos, servicios y oportunidades. La pregunta de fondo no es solamente cuánto debe ajustarse Colombia, sino cuánto puede dejar de perder y quiénes deben responder por esas pérdidas.