La Cámara baja dio media sanción al proyecto que tipifica el vandalismo rural

La Cámara baja dio media sanción a un proyecto de ley que tipifica el vandalismo rural en el Código Penal, por 162 votos a favor, 77 en contra y 1 abstención, durante la extensa sesión que comenzó este miércoles.

La iniciativa fue motorizada por el diputado del Pro Martín Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y avalada por el oficialismo y bloques aliados. Además, contó con el apoyo de representantes de las principales entidades agropecuarias del país.

En comisiones, Unión por la Patria había firmado un dictamen alternativo, encabezado por el massista Ramiro Gutiérrez, quien afirmó que a través del dictamen de mayoría se duplicaba normativa y -en realidad- se bajaban penas. Sin embargo, se trabajaron en modificaciones que se anunciaron en el recinto y, finalmente, un grupo de integrantes de UP acompañaron el texto.

Detalles del proyecto aprobado

A través de la iniciativa, que ahora deberá tratarse en el Senado, se prevé la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal, el que cual establece una pena de prisión de un mes a un año al que “entrare en establecimiento rural contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”.

“Se presume la voluntad de exclusión por la sola existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso”, añade el texto, al tiempo que aclara que “no se configurará el delito cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir claramente el límite con la vía pública”.

Al anunciar los cambios, Ardohain aclaró: “Quiero ser preciso a quién protege, porque no es la propiedad, para eso el Código ya tiene la usurpación y el daño. Lo que este artículo protege es la libertad y la intimidad”.

Además, se dispone que “el máximo de la pena se elevará a dos años cuando el ingreso obstaculizare sustancialmente el desarrollo de la actividad productiva rural o creare un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas que se encuentran en el establecimiento, o para la sanidad de los animales o cultivos de la explotación, siempre que el hecho no constituyere un delito más severamente penado”.

El segundo artículo plantea incorporar el artículo 184 bis al CP, que prevé penas de prisión de 2 a 8 años y multa de 3 a 12 veces “el valor del daño causado quien, afectando de manera directa el ciclo productivo, las existencias de materias primas o la infraestructura de un establecimiento rural, destruyere, inutilizare, suprimiere o de cualquier otro modo dañare alguno de los elementos enumerados en el párrafo siguiente, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública”. En ese sentido, se consideran especialmente protegidos cereales no cosechados, silobolsas, viñas, ganado, leña, etc.

“En idéntica pena incurrirá quien destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o extracción de agua”, suma y añade que “la pena mínima se elevará al doble si el autor o quien hubiere determinado a otro a cometer el hecho fuere funcionario público o se dedicare habitualmente a la actividad agropecuaria”.

Finalmente, el monto máximo de la pena se elevará a 10 años, cuando: el hecho fuere cometido por tres o más personas que actuaren de manera coordinada; se produjere la pérdida total de la producción en curso o se impidiere la continuidad del ciclo productivo, su transporte o comercialización; y/o se ejecutare con violencia o amenaza contra las personas, siempre que no constituyere un delito más severamente penado.

La palabra en el recinto

En el comienzo del debate, Martín Ardohain aseguró que “este es un reclamo muy importante para nuestras familias” agropecuarias. Luego, agradeció “la oportunidad que nos dio el presidente (Javier) Milei de hablar de propiedad privada”, y también reconoció “el gran apoyo de todos los bloques”.

“El proyecto fue enriquecido y nos lleva muchísimas más certezas y tranquilidad a lo que vamos a estar votando”, destacó el legislador del Pro y mencionó además a las entidades del campo que estuvieron “muy comprometidas con este tema”. “Esto lo aprendimos en 2008: el país va a salir adelante con el campo, nunca sin el campo y mucho menos contra el campo”, expresó.

En contra de la iniciativa, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman acusó que “es un proyecto que vienen a blindar a las grandes corporaciones y a los grandes propietarios de la tierra”. También consideró que esto “es parte del armado de Estados Unidos para la recolonización de nuestra región”. Y resaltó que “gracias a que levantamos la voz” se eliminó el artículo que preveía “criminalizar la opinión en redes sociales”. “Es muy peligroso, no tiene nada que ver con el pobre campesino”, añadió.

Desde la UCR, el diputado Guillermo Agüero afirmó que “este proyecto no nace de una visión corporativa ni busca proteger intereses sectoriales, este proyecto lo que busca es dar una respuesta jurídica, adecuada, eficaz y moderna a una situación que impacta negativamente en amplios sectores agropecuarios de nuestro país”.

Por La Libertad Avanza, el diputado Francisco Morchio dijo que este proyecto “le da un gran beneficio a la gente que vive en la zona rural; está inspirado en lo que pasaba en otro tiempo, momentos en que el odio movilizaba y era un odio que tenemos que decir estaba generado por un gobierno nacional que fomentaba esto y hacía que se dieran hechos de vandalismo que todos vimos. Y eso era catalogado como daño simple por la justicia argentina”.

“Por suerte, este odio se ha atenuado y vivimos otros tiempos, y este proyecto ha evolucionado. Con un gran problema que viven los productores agropecuarios y los trabajadores rurales, que tiene que ver con el avance de especies silvestres exóticas, y con la excusa de la caza, la gente ingresa al campo, roba insumos, roba maquinaria, asalta viviendas y comete hechos de abigeato. Es un drama actual. Tan actual que en la comisión donde se trabajó mucho, vinieron las cuatro entidades de la Mesa de Enlace y todos se manifestaron a favor de este proyecto”, completó.

Al momento de anunciarse las modificaciones para la votación en particular, el diputado de Unión por la Patria Ramiro Gutiérrez manifestó que “la Argentina necesita incorporar a su ley penal el delito de vandalismo rural. Es algo que venimos pensando y trabajando hace mucho tiempo desde el Frente Renovador”.

Además, ponderó el consenso alcanzado y le agradeció a Ardohain por el diálogo y que “se hayan aceptado modificaciones que nosotros creemos que son trascendentes”, ya que como el texto había salido de la comisión corría “un riesgo de imprecisión”. “La nueva norma va a traer una precisión para los fiscales y para los jueces que se encuentren en decisión frente al vandalismo rural, van a poder hacer una investigación, disponer las medidas cautelares y dictar una sentencia”, afirmó y señaló que esto es un mensaje muy importante para los productores de que “su trabajo y su esfuerzo van a estar protegidos”.