Perú amplía su estrategia para impedir que las organizaciones criminales sigan operando desde las prisiones, donde coordinan extorsiones, asesinatos por encargo, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas que se ejecutan fuera de los muros. Las medidas adoptadas y anunciadas durante 2026 combinan reforma penitenciaria, participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad perimétrica de los penales, tecnología de control y cooperación con los Estados Unidos para fortalecer el control del Estado sobre los centros penitenciarios.
La estrategia busca cortar las comunicaciones, el flujo de recursos y las conexiones que permiten a estructuras criminales mantener sus operaciones desde prisión.
Control penitenciario y hacinamiento
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció la construcción de nuevos penales y medidas para reducir el hacinamiento, entre ellas la posibilidad de reubicar a internos de baja peligrosidad en cuarteles en desuso, previa coordinación con el Ministerio de Defensa. Galarreta reafirmó además el objetivo del Gobierno de restablecer el orden en las prisiones y desarticular las bandas organizadas que operan desde ellas.
La presidenta Keiko Fujimori anunció también la ampliación de las unidades de flagrancia y una reforma orientada a reforzar el control de las cárceles. Las unidades de flagrancia son complejos judiciales especializados que permiten procesar con mayor rapidez determinados delitos cometidos en flagrancia y, en algunos casos, emitir sentencias en menos de 72 horas.
Para Pedro Yaranga, experto peruano en seguridad, el desafío va más allá de la infraestructura y abarca también al control interno. “El problema actual de los penales peruanos es la pérdida del principio de autoridad y la rampante corrupción institucional, especialmente entre los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario [INPE]”, dijo a Diálogo el analista Pedro Yaranga. “Para disminuir la acción de bandas desde las cárceles, el Estado peruano debe asumir el costo político de aplicar regímenes severos que cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos, pero que eliminen los privilegios a los reos”.
La magnitud del desafío operativo es considerable. Datos del INPE de 2026 sitúan la sobrepoblación del sistema penitenciario en alrededor del 150 por ciento. Estas condiciones dificultan el control de los establecimientos y pueden facilitar el reclutamiento y la articulación de estructuras criminales.
Las nuevas medidas se suman a acciones que el INPE ya venía desarrollando. Durante 2026, la institución realizó barridos electrónicos en los alrededores de establecimientos penitenciarios para detectar antenas ilegales que pudieran facilitar comunicaciones desde las cárceles, además de requisas y traslados de internos de alta peligrosidad.
Seguridad perimétrica y control de comunicaciones
El Gobierno comenzó a desplegar efectivos de las Fuerzas Armadas en el exterior de penales de alta seguridad a principios de septiembre, poniendo en marcha un plan para reforzar la seguridad externa de los centros penitenciarios. Para el 7 de septiembre, efectivos militares ya habían sido desplegados en el exterior de tres de los cinco penales declarados en estado de emergencia como parte de los esfuerzos del Gobierno para reformar el sistema penitenciario.
Bajo este esquema de seguridad, las Fuerzas Armadas refuerzan el control de accesos y del perímetro, mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) realiza requisas intensivas y el INPE mantiene la responsabilidad de la administración penitenciaria. El objetivo es fortalecer distintas capas de seguridad para impedir el ingreso de celulares, chips, armas y otros elementos que permiten a las estructuras criminales mantener sus operaciones desde prisión.
El esquema contempla puntos de revisión equipados con escáneres y detectores de metales, drones de vigilancia y tecnología para detectar e interrumpir señales telefónicas dentro de los penales. Este último componente apunta a una de las principales vulnerabilidades del sistema: la capacidad de cabecillas criminales de comunicarse con sus organizaciones en el exterior.
“Para cortar de raíz el control que los líderes criminales ejercen desde las prisiones, el Gobierno debería implementar una estrategia de asfixia logística, tecnológica y financiera”, dijo Yaranga. “No basta con encerrar al delincuente; es necesario [neutralizar] su capacidad de comunicación con el exterior”.
La dimensión del problema quedó expuesta en mayo con el asesinato de Víctor Hugo Febre, alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, en Piura. La investigación del crimen llevó a las autoridades a realizar un megaoperativo en el penal de Piura, antigua cárcel de Río Seco, con la participación de más de 400 efectivos de la PNP y del INPE, junto con representantes del Ministerio Público. Tres de los presuntos implicados se conocieron dentro de ese penal, según las investigaciones citadas por Correo de Perú.
Biometría e inteligencia transnacional
Reforzar el control dentro de las cárceles también implica identificar a los internos extranjeros y determinar si tienen vínculos con redes criminales que operan más allá de las fronteras del Perú. Este esfuerzo se ha convertido en otro ámbito de cooperación en seguridad entre Perú y los Estados Unidos.
En enero de 2026, las autoridades peruanas realizaron una jornada de identificación biométrica de internos extranjeros en el penal de Lurigancho. El Ministerio del Interior, la PNP y el INPE coordinaron el operativo con el apoyo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los EE. UU.
La intervención permitió contrastar los datos de más de 240 internos extranjeros con bases internacionales. El cruce de información arrojó coincidencias biométricas con antecedentes penales en los EE. UU. y registros en otros países de la región, en algunos casos asociados con identidades diferentes.
La tecnología forma parte del Programa de Alerta de Migración Transnacional mediante Identificación Biométrica (BITMAP), utilizado por HSI en cooperación con países socios para cotejar información biométrica y biográfica e identificar a personas vinculadas con delitos transnacionales y otras amenazas de seguridad.
El sistema permite registrar fotografías y marcas corporales, como tatuajes, además de utilizar herramientas de reconocimiento biométrico para contrastar la información con bases internacionales.
Más allá de identificar correctamente a un interno, este tipo de intercambio permite que información obtenida dentro de una cárcel peruana contribuya a investigaciones sobre identidades, antecedentes y posibles conexiones criminales en otros países, ampliando el valor de los establecimientos penitenciarios como fuente de inteligencia contra redes transnacionales.
“El Departamento de Seguridad Nacional y HSI están comprometidos con la protección de Estados Unidos y la región, trabajando con nuestros socios en Perú”, dijo Paul Salamon, agregado del DHS y HSI en Perú. “Al compartir tecnología, capacitación e información, fortalecemos las capacidades de seguridad de Perú, mejoramos la cooperación regional y juntos construimos un hemisferio más seguro”.
Seguridad penitenciaria contra el crimen organizado
Para las autoridades peruanas, recuperar el control de las cárceles forma parte de una respuesta más amplia contra organizaciones criminales que mantienen capacidad operativa aun cuando sus integrantes se encuentran encarcelados. “Los países de la región que han logrado mitigar este problema demuestran que el control penal es el primer paso obligatorio para pacificar las calles”, dijo Yaranga.
El desafío no termina en impedir el ingreso de un teléfono celular. Requiere mantener el control de los accesos, detectar y bloquear comunicaciones ilícitas, combatir la corrupción interna y aprovechar la información obtenida en los penales para identificar conexiones con estructuras criminales dentro y fuera del país.
“La delincuencia ya no es la de hace años ni la del año pasado”, dijo Yaranga. “Utiliza a cada paso la ciencia y la tecnología, y por lo tanto exige mecanismos no convencionales y la ayuda conjunta de otros países”.
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