Colombia | Ministerio de Justicia impulsa proyecto para someter a grupos criminales a la justicia y desmantelar sus estructuras

Imagen Minjusticia de Colombia

El proyecto de ley del Gobierno colombiano que busca establecer nuevas condiciones para el sometimiento a la justicia de grupos armados ilegales y estructuras criminales superó su primer debate en las Comisiones Primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes, un paso que abre la discusión legislativa sobre los mecanismos jurídicos para desmantelar estas organizaciones, proteger a las víctimas y recuperar los territorios afectados por la violencia.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, plantea un marco legal para que integrantes de organizaciones criminales puedan abandonar la ilegalidad y someterse a la justicia bajo condiciones estrictas, con supervisión judicial y obligaciones verificables. La propuesta establece que estos procedimientos no implicarán la suspensión de las funciones de la Fuerza Pública ni de la acción de la justicia.

Durante la discusión, el ministro de Justicia, Iván Cancino González, defendió el alcance del proyecto y sostuvo que su propósito es fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar las amenazas contra la seguridad y la convivencia ciudadana.

“Este proyecto no busca conceder impunidad ni beneficios automáticos. Lo que propone es una ruta clara para que quienes decidan abandonar la ilegalidad se sometan a la Constitución y a la ley, aporten verdad, reparen a las víctimas, entreguen los bienes ilícitos y contribuyan al desmantelamiento de las estructuras criminales”, afirmó el funcionario.

Entre las principales exigencias contempladas en el articulado figuran la dejación de armas, la liberación de personas secuestradas, la entrega de menores reclutados, la contribución efectiva al esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y la entrega de bienes provenientes de actividades ilícitas.

El proyecto también busca fortalecer los mecanismos de judicialización, afectar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales y facilitar intervenciones integrales en las zonas más golpeadas por la violencia. Su aplicación estaría condicionada al cumplimiento de los compromisos establecidos en la ley y al control de las autoridades judiciales.

Con la aprobación en primer debate, la iniciativa continuará su recorrido por el Congreso de la República, donde deberá superar las siguientes etapas legislativas antes de convertirse en ley.

El avance abre una nueva fase de discusión sobre el alcance de los instrumentos jurídicos que propone el Gobierno para enfrentar el crimen organizado. El desafío será definir mecanismos que permitan avanzar en el desmantelamiento de las estructuras ilegales sin debilitar la justicia, garantizar los derechos de las víctimas ni comprometer las obligaciones del Estado frente a la seguridad de los ciudadanos.

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