Contraloría detecta más de 1.000 funcionarios públicos con supuestos títulos falsos

• La Contraloría General de la República identificó a 1.090 funcionarios públicos que tendrían títulos falsos o no reconocidos. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) concentra más de 800 casos, según informó el contralor general, Camilo Benítez.
• El organismo presentó una denuncia formal ante la Fiscalía para investigar las presuntas irregularidades, que también involucran a otras instituciones públicas y a entidades educativas.
• Entre los casos detectados figuran 146 médicos egresados de universidades que no estaban habilitadas o no contaban con la acreditación obligatoria de la ANEAES, una situación que genera preocupación por la calidad de la formación profesional y el eventual ejercicio de la medicina.

La Contraloría General de la República detectó al menos 1.090 funcionarios públicos que tendrían títulos falsos o no reconocidos, de acuerdo con las declaraciones de su titular, Camilo Benítez. La mayor cantidad de casos se concentra en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), donde más de 800 empleados habrían accedido a cargos que exigían un título de grado.

El contralor explicó que algunas personas habrían conseguido el reconocimiento de una profesión sin contar con la formación correspondiente. “El alumno imprimió en un cartón y puso cuál era su profesión y el MEC le inscribió esa”, manifestó.

Benítez aclaró que las presuntas irregularidades no se limitan al MEC, sino que también se registran en otras instituciones, incluida la propia Contraloría. Asimismo, señaló que las universidades públicas y privadas que habilitan carreras sin contar con las autorizaciones o acreditaciones correspondientes también deben ser objeto de revisión. “De eso tenemos cientos de casos”, afirmó.

El titular del organismo de control sostuvo que estas situaciones deben investigarse debido a sus posibles consecuencias sobre el uso de los recursos públicos. En ese sentido, advirtió que el pago de bonificaciones o gratificaciones vinculadas a títulos académicos que no cumplen los requisitos podría representar una erogación indebida para el Estado.

“Si esta persona está cobrando bonificación o alguna gratificación por título académico, claramente el Estado está erogando gastos indebidamente”, expresó.

Entre los hallazgos también se identificaron 146 casos de médicos egresados de universidades que no estaban habilitadas o que no contaban con la acreditación obligatoria de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

Sobre este punto, Benítez manifestó su preocupación por la posibilidad de que profesionales formados en esas condiciones permanezcan en el país y ejerzan en el sistema sanitario. “Estamos egresando médicos de universidades que no están habilitadas, y mucho menos acreditadas de la ANEAES”, señaló.

Aunque reconoció que la educación superior genera movimiento económico, el contralor insistió en la necesidad de garantizar la calidad de la formación y la legalidad de los títulos expedidos.

La institución anunció que continuará con las investigaciones y las denuncias que correspondan para determinar las responsabilidades en cada caso, tanto en el ámbito de la función pública como en el de las instituciones educativas involucradas.