Justicia de clase, el ministro cómplice y la continuidad del orden burgués

La ilusión del Estado de Derecho. La justicia en el régimen capitalista no es, ni ha sido nunca, un órgano neutro: es una justicia de clase, una estructura concebida y sostenida minuciosamente para salvaguardar los privilegios de los poderes fácticos, económicos y políticos.

Fernando Monsalve. Abogado. 23/10/2026.

1. El mito de la neutralidad y la esencia de la justicia de clase

El mito sobre el cual se erige y legitima la democracia burguesa es la supuesta equidad formal ante la ley. Se nos repite incansablemente, desde las tribunas institucionales y los aparatos de hegemonía cultural, que las instituciones judiciales operan como un árbitro neutral e imparcial, dotado de la independencia necesaria para equilibrar los conflictos inherentes a la sociedad civil. Sin embargo, la realidad material desmiente a diario esa abstracción idealista. La justicia en el régimen capitalista no es, ni ha sido nunca, un órgano neutro: es una justicia de clase, una estructura concebida y sostenida minuciosamente para salvaguardar los privilegios de los poderes fácticos, económicos y políticos.

Como advertía Karl Marx en El Manifiesto Comunista, «el Gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa»1. En esa misma línea, la arquitectura del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y los tribunales electorales no constituyen islas de imparcialidad, sino engranajes fundamentales de la superestructura jurídica e ideológica destinada a reproducir la dominación del capital y la impunidad de sus custodios, cuestión que la derecha recalcitrante que nos gobierna hoy siempre ha sabido y manejado, marcando una diferencia brutal ante la omisión, complicidad o desconocimiento de los gobiernos que supuestamente buscan emparejar la cancha y las condiciones sociales.

2. La complicidad del progresismo y la preservación del poder

Para aprehender la magnitud de la crisis presente, resulta indispensable examinar la profunda responsabilidad histórica que le cabe al gobierno anterior y a las fuerzas del progresismo socialdemócrata. Promocionados como alternativas de transformación estructural para las clases populares, dichos proyectos políticos eludieron deliberadamente intervenir la matriz profunda del aparato judicial. No alteraron en un solo ápice ni en una coma las estructuras de nombramientos, las redes de tráficos de influencias ni las dinámicas de cooptación de las cúpulas del poder de persecución.

Al negarse a impulsar una refundación radical de las instituciones, el progresismo conciliador actuó como garante de la continuidad del orden imperante. En palabras de Vladimir Lenin en El Estado y la revolución, «el Estado es el producto y la manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase»2. Pretender «humanizar» o administrar con modales técnicos el aparato estatal burgués sin desmantelar sus cimientos de clase solo profundizó la indefensión del pueblo. El resultado inmediato fue la consolidación de un sistema hipertrofiado de discriminación penal, civil y laboral: protección corporativa para las élites y rigor implacable para los sectores desposeídos.

3. El Lawfare y la deformación del aparato persecutor

Esta disparidad de clase se manifiesta con descarada claridad en el accionar del Ministerio Público y las fiscalías especializadas. Lejos de actuar bajo el principio de objetividad, asistimos a la consolidación del lawfare o guerra jurídica como herramienta política. La manipulación de los tiempos procesales, la oportunidad arbitraria de las formalizaciones y la filtración selectiva de carpetas investigativas funcionan con un doble rasero explícito: se persigue y desgasta al adversario político mientras se diseñan imputaciones desprolijas, endebles y deliberadamente defectuosas para garantizar la posterior absolución, sobreseimiento o prescripción de los grandes agentes del poder económico y estatal. Los nombramientos de Fiscales nacionales y regionales es descaradamente una declaración política de lo que se viene para la sociedad, a quienes se les perseguirá de manera directa e inmediata, a quienes de manera laxa y objetiva y a quienes simplemente se les protegerá al siquiera profundizar las investigaciones. No es antojadiza las pésimas investigaciones, acusaciones y juicios que han implicado impunidad directa en casos de estallido social y agentes represivos, de ex ministros ni de grandes empresarios, todos hoy libres e impunes.

4. La infamia del ministro Rabat: Impunidad activa para criminales de lesa humanidad y depredadores sexuales

No obstante, bajo la actual administración de extrema derecha, el fenómeno de la justicia de clase ha dado un salto cualitativo hacia dimensiones francamente aberrantes. La protección estatal ya no se limita a salvaguardar la propiedad privada, la evasión fiscal o los chanchullos de la burguesía financiera; hoy se extiende, bajo la actuación directa e inquisitiva del ministro Rabat, hacia la impunidad efectiva y la liberación de la peor escoria criminal.

La gestión del ministro Rabat representa la expresión más descarada de la complicidad estatal. A través de decretos de dudosa fundamentación, maniobras administrativas desprolijas y una intromisión flagrante en resoluciones del poder judicial, este ministerio ha impulsado activamente la rebaja de penas y el otorgamiento de beneficios penitenciarios a condenados por violaciones sistemáticas a los derechos humanos y a peligrosos abusadores y depredadores sexuales.

Debemos nombrar las cosas por su realidad práctica y material: lo que las gestiones del ministro Rabat significan en el día a día es que asesinos de lesa humanidad, torturadores del terrorismo de Estado y depredadores sexuales que destruyeron vidas humanas hoy caminan libres, habitan nuestros mismos barrios y caminan por nuestras mismas calles. No se trata de una falencia técnica ni de un descuido procedimental; es una política de Estado deliberada de amparo a la barbarie.

Antonio Gramsci reflexionaba en sus Cuadernos de la cárcel sobre cómo la clase dominante articula su hegemonía combinando la fuerza coercitiva con el consenso moral, y cómo la degradación moral del aparato de justicia erosiona las garantías mínimas de la sociedad civil3. Cuando un ministro de Estado actúa como defensor fáctico de los criminales más feroces, la noción de justicia queda pulverizada. La clase protegida ha extendido sus fronteras: la oligarquía no solo cuida sus bolsillos, sino que ahora garantiza impunidad a los agentes del horror dictatorial y a los agresores sexuales, dejando en total indefensión y desamparo a las familias trabajadoras, a las mujeres y a las víctimas.

5. Conclusión: La urgencia ineludible de la refundación popular

La podredumbre del sistema judicial no se soluciona con parches cosméticos ni con llamados bienintencionados a la ética pública. Es la consecuencia lógica e inevitable de una legalidad pensada por y para los opresores. Ni la extrema derecha con sus ministros cómplices de la barbarie, ni la centroizquierda con su histórica cobardía transformadora, van a tocar los cimientos de esta justicia de clase.

La conquista de una justicia verdadera, una justicia con perspectiva de clase y de dignidad humana, exige desmantelar de raíz la institucionalidad burguesa heredada. Solo mediante la organización y la movilización popular será posible edificar un sistema judicial con control democrático directo, elección popular de jueces y fiscales, y un compromiso inflexible con la memoria, la verdad, y la protección irrestricta de la clase trabajadora contra todo tipo de violencia de Estado y de género.

Notas al pie y Referencias Teóricas

[1] Marx, Karl y Engels, Friedrich. Manifest der Kommunistischen Partei (El Manifiesto Comunista), 1848. Cita correspondiente a la caracterización del Estado burgués como comité de administración de los intereses de la clase dominante.

[2] Lenin, Vladimir Ilich. El Estado y la revolución, 1917. Análisis sobre la naturaleza irreconciliable de las contradicciones de clase y el rol del aparato coercitivo estatal.

[3] Gramsci, Antonio. Quaderni del carcere (Cuadernos de la cárcel), 1929–1935. Reflexiones sobre la hegemonía, el bloque dominante, la superestructura jurídica y la degradación moral del Estado.