La calle se despierta ante la injusticia social.

El 24 de octubre una manifestación estatal por la defensa de pensiones y poder adquisitivo se reúne en Madrid.

Madrid 24 de octubre de 2026. Fuentes Unidad de Acción Pensionista CGT Público 65ymas com.

Desde Atocha hacia Sol parte la marcha a las 12 00 horas, convocada por la Unidad de Acción del Movimiento Pensionista junto a la CGT y otros colectivos sociales. Los convocantes denuncian que la pérdida de poder adquisitivo junto a la subida del IPC al 4 9 por ciento en septiembre, además exigen que la pensión mínima sea equiparada al SMI neto.

Este sábado 24 de octubre de 2026 Madrid acoge una manifestación estatal, a partir de las 12 00 horas, organizada por la Unidad de Acción del Movimiento Pensionista en coordinación con la CGT y diversas organizaciones sociales culturales y políticas. La marcha saldrá desde la glorieta de Atocha recorriendo el paseo del Prado hasta la Puerta del Sol, teniendo como objetivo central defender las pensiones públicas y el poder adquisitivo de los jubilados, esto según el manifiesto difundido por los organizadores. La organización asegura que ha recibido una verdadera avalancha de adhesiones sociales, sindicales, políticas y hasta internacionales, lo que anticipa una de las mayores movilizaciones que veremos este otoño en la capital.

Todo esto detonó por la clara pérdida de capacidad de compra de las pensiones en 2026, algo que los promotores respaldan con cifras concretas. El IPC interanual de septiembre marco un 4,9 por ciento, confirmado por el INE, pero la subida aplicada en enero apenas alcanzo el 3,8 por ciento. Aquella brecha de mas de un punto porcentual supone una perdida real de poder adquisitivo para los 9,7 millones de pensionistas que habitan en España, una cifra que según calculan desde la Unidad de Acción, ya supera los 800 euros de media al año por jubilado. Resulta preocupante que el 51,3 por ciento de los pensionistas no lleguen a fin de mes, pues para muchos de ellos la pensión es insuficiente para cubrir la alimentación sana, la salud, servicios de cuidado necesarios o una vivienda confortable. Los convocantes centran sus demandas en tres ejes fundamentales. Ante todo, se busca equiparar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional neto; esta es una lucha histórica del movimiento, la cual intenta dejar atrás el umbral de pobreza para los cálculos además de reducir la vergonzosa brecha de género que existe en el sistema. Asimismo, se pide compensar la pérdida adquisitiva revalorizando las pensiones según el IPC real y recuperar aquella paga extra de final de año previa a la reforma del 2021. Finalmente, rechazan rotundamente cualquier privatización o que los Planes Privados de Empresa se generalicen, pues la organización considera este esquema un caballo de Troya dentro del sistema público. Esta manifestación del sábado es la culminación de toda la presión que los pensionistas vienen ejerciendo hacia el Gobierno desde junio pasado. En esa fecha, la Unidad de Acción reveló su postura respecto al reporte reciente de la AIReF —la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal— sobre el Sistema Público de Pensiones. El análisis confirmaba que no hacían falta nuevas medidas de ajuste para asegurar la sostenibilidad del sistema, mas dejaba abierta la puerta para usar los excedentes con el fin de bajar el déficit público generado por la gestión fiscal estatal o financiar gastos en defensa. La Unidad de Acción ve esa posibilidad como una expropiación de las cotizaciones sociales; por eso ha subido el tono de sus exigencias a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y al titular de Economía, Carlos Cuerpo.
El contexto de esta movilización es bastante sensible. Se acerca el 29N y el Gobierno de Sánchez está metido de lleno en precampaña electoral, con una agenda marcada por el choque contra el Supremo debido a la Ley de Nietos además de la presión del juez Pedraz por el caso Leire. La marcha de pensionistas llega, justo cuando el Ejecutivo no contestó las cartas que los colectivos mandaron el 27 de julio a los tres ministros según el derecho de petición de la Ley Orgánica 4/2001. Esa falta de respuesta los convocantes lo interpretan como una clara constatación de desprecio hacia las personas mayores, una idea que alimenta el malestar y ha generado mucha mas participación de lo habitual en asambleas previas. El recorrido de la protesta que va de Atocha a Sol resulta uno de los más simbólicos en todo el centro de Madrid. La glorieta de Atocha, punto de inicio habitual para movilizaciones sociales estos años, contrasta con la Puerta del Sol que es el corazón político e institucional de Madrid. Resulta significativo que la CGT lidere junto a la Unidad de Acción, ya que este sindicato anarcosindicalista gana peso en las marchas de pensionistas últimamente, mientras que los grandes sindicatos CCOO y UGT mantienen una postura más tibia y no se ha adherido oficialmente a la convocatoria, aunque mostraron simpatía por ciertas reivindicaciones. El acto de este sábado no se limita solo al terreno de las pensiones. Los organizadores vincularon la defensa de pensiones públicas con otras luchas sociales que consideran ligadas. Entre ellas, la oposición a la guerra, el incremento en gasto militar, la crítica a oligopolios financieros, energéticas y cadenas de distribución. También denunciaron el genocidio en Palestina, lo cual ven como una ley del más fuerte que beneficia a los más ricos mediante la política fiscal.

Esa lectura estructural del conflicto queda explicada en su manifiesto. Dicen que no van tolerar reducciones en pensiones para que unos pocos hagan negocios con guerras, especulen con materias primas y los precios, además de que batir récords históricos de beneficios.

El impacto político de la marcha es algo previsible. Se confirmó la presencia de líderes de Podemos, Sumar y grupos de izquierda alternativa. Sin embargo, la dirección federal del PSOE ha preferido no adherirse de manera oficial. El PP, mientras tanto, prefiere la cautela evitando posicionarse directamente, pues sabe que una movilización contra su gestión del 2013, cuando recortaron las pensiones, les saldría muy cara en votos. Vox ha criticado el tinte antisistema de algunas proclamas, recordando que ellos apoyan el modelo contributivo en lugar del asistencial.

La protesta del 24 de octubre quedará grabada en la historia del movimiento pensionista como una de las importantes este último año. Su efecto en la precampaña y el debate público quizá sea modesto electoralmente, pero tiene un valor simbólico altísimo: confirma que defender el sistema público de pensiones es una causa transversal que aglutina sectores sociales muy distintos, y el Gobierno tendrá que atender las exigencias de estos pensionistas tarde o temprano en la siguiente legislatura, sin importar quién gobierne después del 29 de noviembre.