
Un grupo de jueces y fiscales federales, con el aval de los tres miembros de la Corte Suprema de Justicia, a instancias del Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, han operado la mayor transformación de la historia democrática: convirtieron la administración de justicia en una ficción. La noble función judicial de dar a cada quien lo que cada quien merece en base a la aplicación de las leyes y la Constitución Nacional, en Argentina devino en un sistema de premios y castigos, donde los ganadores son siempre los mismos (grandes empresarios y políticos que defienden el status quo), quienes jamás tienen que dar explicaciones en tribunales y los perdedores (dirigentes peronistas, sospechados o no de cometer delitos, militantes sociales y funcionarios que intentan controlar al poder) son convocados a declarar o terminan presos. Mahiques les prometió impunidad a los hermanos Milei y ya puede exhibir su primer resultado en la causa $LIBRA. Con los jueces que ya estaban, y los que sumó en los últimos meses, diseñó una justicia destinada a garantizar tranquilidad a sus jefes. Cualquier salida democrática a futuro requerirá de un pacto político que revise este entramado siniestro que fue tejido con acuerdos y prebendas.
El último episodio que envalentonó al presidente Javier Milei al punto de amenazar con la hoguera a cinco periodistas que osaron investigarlo fue el sobreseimiento en la causa $LIBRA el 23 de octubre pasado. Un escándalo jurídico detectable hasta para un estudiante de derecho del nivel inicial. Ese día el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido del fiscal Eduardo Taiano (el encargado de investigar el caso), decidió sobreseer a los Milei, al trader Mauricio Novelli y al resto de los imputados de la mega estafa con la criptomoneda. Todo basándose en informes elaborados por el propio gobierno (tomó como un escrito independiente el documento elaborado por la Oficina Anticorrupción), sin llamar a indagatoria a los imputados, ni escuchar a testigos (salvo dos técnicos), sin analizar las abundantes pruebas colectadas en la causa (por ejemplo: los llamados entre Novelli y el Presidente el día de la operación y el documento que revela un acuerdo entre Davis y Milei por 5 millones de dólares, que fueron transferidos al país). Taiano hizo un aporte clave, omitió valorar los retiros de las cajas de seguridad de Novelli y su familia.
El fiscal Taiano no encontró elementos para investigar una estafa tan visible como un elefante en un ascensor, tampoco para imputar abuso de autoridad, ni violación a los deberes de funcionario público ni negociaciones incompatibles con la función pública. «Tudo legal», diría Taiano si fuese brasilero, pero lamentablemente para la justicia es argentino y hace más de 30 años que está en tribunales.
Antes de seguir vale mencionar dos hechos que seguramente son producto de la casualidad y que en nada empañan la independencia de los funcionarios citados: en junio el gobierno de Milei designó jueza federal de Hurlingham a Ana Juan, la amadísima esposa de De Giorgi; y Federico Taiano, está al frente de la Unidad Bienes Decomisados de la Jefatura de Gabinete de la Nación, creada en 2024. Antes trabajó en el Ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal.
La cronología es reveladora de la acción conjunta que ejecutaron Martínez de Giorgi y Taiano para voltear la causa que debían investigar: Milei promovió el 14 de febrero de 2025 en la red X la criptomoneda diciendo que serviría para financiar a Pymes. Con ese anuncio el activo subió bruscamente y luego se desplomó. Hubo negocios millonarios e infinidad de estafados. La participación de Milei en la concreción del negocio es imposible de negar, a lo sumo su defensa debería probar que fue engañado. Por entonces, se descontaba que, por lo menos, tendría que dar explicaciones. No contaban con que su mejor defensor sería la persona que tenía la responsabilidad de investigarlo.
A comienzos de 2026, la fiscalía reunió comunicaciones, documentos y registros de movimientos financieros vinculados con los promotores de $LIBRA todo en cámara lenta. Las querellas denunciaron demoras y medidas de prueba que no se habían completado. En marzo se conocieron elementos extraídos del teléfono de Mauricio Novelli que lo relacionaban con Milei. Taiano en plena tarea de demolición de la denuncia ya había decidido no profundizar esos indicios tan contundentes. Allí recibió los primeros cuestionamientos de varios legisladores de la oposición.
El 3 de julio de 2026, Martínez de Giorgi hizo su primera maniobra: excluyó como querellantes a cinco inversores que denunciaban haber perdido dinero (doce días antes habían nombrado jueza federal a su esposa). La decisión fue clave: los damnificados perdieron la posibilidad de impulsar pruebas y recurrir resoluciones. Por lo cual el fiscal Taiano quedó sólo en una tarea que nunca quiso ejercer. El 4 de septiembre la Cámara Federal, con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, confirmó la exclusión de los querellantes. Se les exigió acreditar aspectos del supuesto engaño que precisamente debían investigarse. Unos años atrás estos mismos camaristas, cuando investigaban a Cristina Kirchner, aplicaron el criterio contrario para habilitar a querellantes (una ONG macrista) para sostener la acusación. Está claro que a ambos magistrados se les corre la venda con facilidad. A los peronistas se los castiga hasta por las dudas.
Otro dato casual: Bertuzzi entró en la Cámara Federal por la ventana, saltando puestos en su concurso (originalmente había quedado en el puesto 21). Así pudo ser elegido por Milei con el objetivo de hacer lo que hizo. Se presume que seguirá besando la mano del amo.
Por último, el viernes pasado Martínez de Giorgi aceptó el pedido de Taiano y sobreseyó a Javier Milei, su hermana Karina y los demás investigados. “No hay delito”, dijo Su Señoría. Ni siquiera tuvo el decoro de archivar la causa por si aparecían nuevos elementos más adelante. Una tarea digna de ocupar un lugar en la Historia Universal de la Infamia. Perdón Borges (aclaro que me refiero al escritor alguna vez llamado Jorge).
La decisión fue apelada por los abogados de Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores perjudicados por el colapso de $LIBRA. La apelación fue presentada el lunes 26 de octubre, con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. Por su parte, el diputado nacional Maximiliano Ferraro anunció que su partido, la Coalición Cívica, presentará una denuncia contra el fiscal Taiano y el juez Martínez de Giorgi por encubrimiento. Gestos valiosos destinados a fracasar.
El olor hediondo se esparce desde los tribunales de Comodoro Py al resto del país, hasta cuándo podrán disimularlo.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
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