Después del acercamiento político entre Mauricio Macri y Karina Milei, el Gobierno de Javier Milei aceleró otra negociación decisiva: consolidar una red de acuerdos con gobernadores que le permita garantizar gobernabilidad, respaldo legislativo y condiciones políticas para llegar fortalecido a las elecciones de 2027. La estrategia tiene dos nombres centrales, Diego Santilli y Luis “Toto” Caputo, que comenzaron a combinar negociación política y recursos económicos para contener a los mandatarios provinciales. El objetivo ya no es solamente aprobar leyes: la Casa Rosada busca construir un mapa de aliados que reduzca el riesgo de nuevas derrotas parlamentarias y, al mismo tiempo, evite que los gobernadores terminen convirtiéndose en el eje de una alternativa electoral al oficialismo.

La nueva estrategia representa un cambio respecto de la postura que predominó dentro de La Libertad Avanza durante 2025, cuando el sector encabezado por Karina Milei defendió una construcción electoral basada principalmente en candidatos propios y una identidad libertaria sin alianzas amplias.

Ahora el escenario es diferente. La prioridad declarada dentro del oficialismo es la reelección de Javier Milei en 2027, y para alcanzar ese objetivo la Casa Rosada comenzó a aceptar una dosis mucho mayor de pragmatismo político.

La derrota que sufrió el Gobierno en el Senado funcionó como una señal de alarma. La falta de votos propios suficientes obligó al oficialismo a mirar nuevamente hacia los gobernadores y a reconocer una realidad que había intentado sortear: aunque La Libertad Avanza ganó capacidad electoral, todavía necesita alianzas para gobernar un país federal en el que las provincias conservan una enorme capacidad de negociación.

El encargado de desarrollar esa estrategia es Diego Santilli, actual jefe de Gabinete, quien ya había construido vínculos con varios gobernadores cuando ocupaba el Ministerio del Interior. Su ventaja es precisamente esa: conoce a los mandatarios, sus reclamos y la lógica de las negociaciones provinciales. En mayo, por ejemplo, se reunió en San Juan con Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Martín Llaryora, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro, entre otros mandatarios.

Santilli no trabaja solo. En las conversaciones aparece cada vez con mayor frecuencia Luis Caputo, porque una parte importante de los pedidos provinciales tiene una respuesta que no puede ser solamente política: necesita dinero.

Las provincias reclaman obras, fondos, adelantos financieros, compensaciones y respuestas sobre deudas pendientes. El Gobierno, a cambio, busca votos para sus proyectos y pretende que los mandatarios acompañen el rumbo económico y las reformas que Milei considera fundamentales.

La negociación tiene así una fórmula bastante directa: apoyo político a cambio de respuestas concretas a las necesidades provinciales.

El problema es que Caputo mantiene una línea roja. El Ministerio de Economía acepta negociar determinadas obras y transferencias, pero insiste en que las provincias deben mantener sus cuentas equilibradas y que la Nación no financiará déficits provinciales.

Ese límite convierte cada negociación en una discusión mucho más compleja. Un gobernador puede apoyar al Gobierno en el Congreso, pero al mismo tiempo necesitar recursos para terminar una ruta, sostener una obra hidráulica, atender una emergencia o financiar infraestructura energética.

El Gobierno quiere evitar que esos pedidos se conviertan en un nuevo mecanismo de expansión del gasto público.

La paradoja es evidente: Milei necesita el apoyo político de los gobernadores, pero su programa económico pretende precisamente reducir el peso del gasto y limitar las transferencias discrecionales.

La Casa Rosada intenta resolver esa contradicción mediante acuerdos selectivos. En lugar de abrir una billetera sin límites, busca identificar gobernadores con los que exista una coincidencia suficiente para construir relaciones de largo plazo.

Ese esquema comenzó a tomar forma durante los últimos meses.

En julio, el Gobierno abrió formalmente una ronda de conversaciones con los mandatarios provinciales para conseguir respaldo para dos objetivos legislativos especialmente importantes: el Presupuesto 2027 y la eliminación de las PASO. La negociación incluye obras, fondos y deudas pendientes.

El Presupuesto tiene una importancia política adicional. La Constitución establece el 15 de septiembre como fecha límite para que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto al Congreso. Por primera vez en varios años, el Gobierno necesita llegar a esa instancia con una estrategia parlamentaria mucho más aceitada.

Y ahí los gobernadores pueden convertirse en árbitros.

Los diputados y senadores responden parcialmente a los mandatarios provinciales, especialmente cuando se trata de legisladores que necesitan renovar sus bancas o que forman parte de estructuras políticas territoriales. Por eso, negociar directamente con los gobernadores puede resultar más eficaz que intentar convencer uno por uno a los legisladores.

Santilli negocia la política; Caputo administra el límite económico; los gobernadores ponen sobre la mesa sus votos y sus necesidades.

El esquema tiene además una dimensión electoral.

El Gobierno quiere que los mandatarios aliados no solamente colaboren con las leyes nacionales, sino que eventualmente participen de una arquitectura electoral favorable a Milei en 2027.

La estrategia ya había sido analizada dentro del oficialismo. Un sector próximo a Santiago Caputo había planteado la posibilidad de construir alianzas con alrededor de una decena de gobernadores, reservando para La Libertad Avanza las candidaturas nacionales mientras los mandatarios conservarían margen en sus territorios.

Esa idea fue resistida inicialmente por el sector de Karina Milei, pero el escenario político cambió.

Ahora el pragmatismo gana terreno.

La razón es simple: una elección presidencial no se gana solamente con una marca nacional.

Argentina tiene un sistema electoral en el que las estructuras provinciales siguen siendo decisivas. Un gobernador puede aportar intendentes, fiscales, legisladores, movilización territorial y capacidad para organizar una campaña en lugares donde La Libertad Avanza todavía posee una estructura mucho más débil.

La Casa Rosada parece haber aprendido esa lección.

El caso de Córdoba es especialmente significativo. El Gobierno busca mantener un vínculo de cooperación con Martín Llaryora, aunque la relación no constituye una alianza política plena. El objetivo parece ser evitar una confrontación innecesaria con un gobernador que controla una provincia electoralmente estratégica y que posee influencia parlamentaria.

En Santa Fe, el vínculo con Maximiliano Pullaro también tiene una dimensión estratégica. El Gobierno ya delegó en la provincia la gestión integral de la Ruta Nacional A012, una decisión que puede ser interpretada como parte de una política más amplia de coordinación con gobernadores aliados.

En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo mantiene una relación de cooperación con la Casa Rosada, mientras que en Entre Ríos Rogelio Frigerio también forma parte del grupo de mandatarios con los que el oficialismo ha desarrollado canales de diálogo. Ambos participaron anteriormente de reuniones con Karina Milei y Santilli.

En San Juan, Marcelo Orrego aparece igualmente dentro de ese circuito de interlocutores.

Pero el Gobierno no puede cerrar acuerdos con todos.

Existen gobernadores con los que las diferencias políticas son mucho mayores. La situación de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires es el ejemplo más evidente.

La Casa Rosada considera a Kicillof parte del núcleo opositor más difícil y no parece dispuesta a construir con él el mismo tipo de relación que mantiene con gobernadores considerados dialoguistas.

Eso crea una división territorial bastante clara: acuerdos con mandatarios que aceptan negociar y confrontación con aquellos que el oficialismo considera adversarios estratégicos.

El problema es que esa línea puede volverse borrosa cuando aparecen necesidades concretas de las provincias.

Un gobernador puede ser opositor en términos electorales y, al mismo tiempo, necesitar fondos nacionales para una obra. El Gobierno puede negarse a negociar políticamente, pero la realidad administrativa obliga a mantener algún tipo de vínculo.

El federalismo argentino vuelve inevitable esa negociación.

Por eso, el objetivo de Santilli parece ser construir una red de acuerdos suficientemente amplia como para que el Gobierno no dependa de una sola provincia o de un solo bloque parlamentario.

El concepto de “blindaje” utilizado en el debate político apunta precisamente a eso: crear suficientes acuerdos cruzados para que una crisis con un gobernador, un bloque o un sector político no pueda paralizar al Gobierno nacional.

La necesidad se volvió más evidente después de las recientes derrotas legislativas. El oficialismo entendió que no puede afrontar el segundo tramo del mandato con una estrategia basada exclusivamente en la disciplina de sus propios legisladores.

La situación también tiene una dimensión financiera.

Los mercados observan la capacidad política del Gobierno para sostener su programa. Una administración que no consigue aprobar presupuestos, reformas o acuerdos fundamentales transmite una imagen de mayor riesgo.

Ese es uno de los argumentos que Luis Caputo ha planteado internamente: la estabilidad económica necesita acompañarse con una señal política de gobernabilidad.

En abril, durante una reunión con integrantes de la cúpula del Gobierno, Caputo había reclamado precisamente un acuerdo de gobernabilidad con al menos una decena de gobernadores, argumentando que la estabilidad política podía ayudar a disipar desconfianzas de los mercados.

El planteo muestra hasta qué punto la política comenzó a formar parte de la estrategia económica.

Para Caputo, un acuerdo político no es solamente una herramienta electoral. También puede funcionar como un mecanismo para reducir la incertidumbre financiera.

La lógica es comprensible: si los mercados perciben que Milei tendrá dificultades para aprobar sus reformas, aumenta la percepción de riesgo. Si, en cambio, el Gobierno consigue demostrar que tiene una red estable de apoyos legislativos, puede mejorar la previsibilidad.

Pero existe un límite.

Los gobernadores no son aliados gratuitos.

Cada mandatario enfrenta sus propios problemas fiscales, sociales y electorales. Necesita recursos, pero también necesita preservar su autonomía frente al Gobierno nacional.

Por eso, la negociación no puede convertirse simplemente en una transferencia de recursos a cambio de votos.

Los gobernadores saben que Milei necesita de ellos y están aprovechando esa posición para negociar.

La diferencia respecto de 2025 es precisamente esa. El oficialismo ganó poder electoral, pero también descubrió que gobernar requiere algo más que ganar elecciones.

La experiencia de la primera mitad de la administración mostró que una cosa es ganar una elección presidencial con una fuerza nueva y otra muy diferente es construir una estructura nacional capaz de sostener cuatro años de gobierno.

Ahora, a poco más de un año de las elecciones de 2027, esa estructura comienza a tomar forma.

El acercamiento con Mauricio Macri y el PRO constituye una pieza del rompecabezas. Los acuerdos con gobernadores constituyen otra.

Ambos movimientos persiguen el mismo objetivo: ampliar la base política de Milei sin que La Libertad Avanza pierda el control del proyecto.

Ese equilibrio será difícil.

Macri quiere preservar la identidad y el poder territorial del PRO. Los gobernadores quieren conservar sus territorios. La Libertad Avanza quiere evitar que sus aliados se conviertan mañana en competidores.

Santilli ocupa una posición singular dentro de ese tablero porque pertenece formalmente al PRO, pero actualmente ocupa una de las posiciones más importantes del Gobierno de Milei.

Su figura funciona como un puente entre dos mundos que hasta hace poco competían abiertamente.

También mantiene vínculos con distintos sectores del oficialismo. Su llegada a la Jefatura de Gabinete fue respaldada por Karina Milei, pero conserva canales de diálogo con otros sectores internos del Gobierno. Esa capacidad de moverse entre diferentes espacios lo convirtió en una pieza especialmente útil para la estrategia de negociación.

El propio Santilli había explicado que su objetivo era construir acuerdos políticos que permitieran avanzar en reformas y evitar que Argentina volviera hacia atrás. Entre las iniciativas mencionadas aparecen una modernización laboral, un régimen penal juvenil, un nuevo Código Penal y un régimen de inversiones.

El problema es que cada reforma tendrá su propio costo político.

Los gobernadores pueden apoyar determinadas medidas económicas, pero resistir otras que afecten sus recursos. Pueden acompañar una reforma laboral, pero reclamar compensaciones por modificaciones tributarias. Pueden respaldar el Presupuesto, pero exigir obras.

La negociación será, por lo tanto, permanente.

El Gobierno deberá además evitar una contradicción que puede resultar peligrosa: prometer acuerdos económicos que después no pueda financiar.

Caputo necesita preservar el equilibrio fiscal; Santilli necesita preservar los acuerdos políticos.

Si uno cede demasiado, perjudica al otro.

Ese es el verdadero límite de la estrategia.

Los gobernadores también tienen incentivos para esperar. A medida que se acerque 2027, aumentará el valor de sus votos y de sus estructuras territoriales.

Si Milei llega fortalecido económicamente, los mandatarios tendrán más incentivos para asociarse con el oficialismo. Si la economía se deteriora, muchos buscarán preservar distancia.

Por eso, la política económica será determinante para la estrategia territorial.

El Gobierno puede ofrecer obras y acuerdos, pero la mejor moneda de negociación seguirá siendo una economía que genere crecimiento y mejore los ingresos de las provincias y sus habitantes.

Los gobernadores aliados ya plantearon esa preocupación. Advierten que la recuperación de sectores como la minería y Vaca Muerta todavía no se traduce de manera uniforme en mejoras para todos los territorios ni para todos los sectores sociales.

Ese punto es especialmente sensible para Milei.

El Gobierno necesita que la recuperación económica sea visible antes de 2027. No alcanza con mostrar mejores indicadores fiscales, reservas o mercados financieros si los votantes no perciben una mejora en sus ingresos.

Los gobernadores, que conocen el territorio de manera directa, funcionan también como una especie de sistema de alerta política.

Saben dónde cae el empleo, dónde aumentan los costos, dónde falta obra pública y dónde los votantes comienzan a perder paciencia.

Santilli puede negociar con ellos en Buenos Aires, pero las señales que recibe desde las provincias pueden terminar influyendo en las decisiones económicas de la Casa Rosada.

Por eso, la nueva arquitectura oficialista tiene tres niveles.

Karina Milei construye el poder político nacional. Santilli articula el territorio y las negociaciones. Luis Caputo administra la economía y decide hasta dónde puede llegar la billetera.

Y por encima de todos ellos permanece Javier Milei, que deberá decidir cuánto está dispuesto a ceder para conseguir gobernabilidad sin comprometer las bases de su programa.

El resultado de esa estrategia puede definir buena parte del segundo tramo de su mandato.

Si el Gobierno consigue cerrar acuerdos con una docena o más de gobernadores, aprobar el Presupuesto 2027 y avanzar con sus reformas, Milei llegará a las elecciones con una estructura política mucho más sólida que la que tenía en 2023.

Si las negociaciones fracasan, los gobernadores pueden convertirse en una fuerza autónoma capaz de condicionar al Ejecutivo en el Congreso y negociar con diferentes candidatos para 2027.

Por eso la batalla actual no se libra solamente en el Congreso. Se libra provincia por provincia.

El Gobierno lo entendió y está enviando a Santilli y Caputo a hacer algo que durante mucho tiempo el mileísmo miró con desconfianza: negociar.

La ironía política es evidente.

Un presidente que llegó al poder prometiendo terminar con la “casta” ahora necesita conversar con gobernadores, dirigentes del PRO y estructuras provinciales que forman parte del sistema político tradicional.

Pero también existe una explicación pragmática.

Para gobernar la Argentina real, Milei necesita algo que las urnas de 2023 no le dieron: una red territorial propia o aliada.

El acercamiento con Macri puede aportar una parte de esa estructura. Los gobernadores pueden aportar otra. Y Santilli aparece como el operador encargado de unir esas piezas mientras Caputo determina cuánto cuesta la operación.

El resultado todavía está abierto.

Pero el movimiento ya es evidente: el Gobierno pasó de intentar gobernar con su propia fuerza a construir una coalición de poder capaz de sostener a Milei hasta 2027.

Y ahora comienza la parte más delicada: conseguir que quienes hoy negocian con la Casa Rosada sigan siendo aliados cuando llegue el momento de repartir candidaturas, recursos y poder.