
El diputado nacional por Catamarca Sebastián Noblega presentó un proyecto de ley para crear el Programa Nacional de Huella de Carbono, una herramienta destinada a promover la medición, gestión, reducción, remoción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por empresas, establecimientos, productos, servicios y cadenas de valor en todo el país.
La iniciativa establece un régimen de adhesión voluntaria que busca fortalecer la competitividad ambiental de la producción nacional y contribuir al cumplimiento de los compromisos asumidos por la Argentina en materia de cambio climático. Entre sus objetivos figuran fomentar inversiones compatibles con una economía baja en carbono, promover proyectos de mitigación y facilitar la participación responsable en mercados voluntarios de carbono.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación del Registro Nacional de Huella de Carbono, donde deberán inscribirse los sujetos adheridos, los planes de gestión, los reportes periódicos, las verificaciones, las compensaciones y los sellos obtenidos. La información tendrá carácter público, salvo excepciones debidamente justificadas por razones comerciales o técnicas.
La propuesta también crea el Sello Nacional de Huella de Carbono, una identificación oficial y voluntaria que permitirá distinguir distintos niveles de compromiso ambiental. Las categorías previstas incluyen “Huella medida”, “Huella verificada”, “Plan de reducción aprobado”, “Reducción verificada”, “Emisiones residuales compensadas” y “Carbono neutral”.
Para obtener o renovar ese sello será obligatoria una verificación independiente. El proyecto dispone además que ninguna organización podrá presentarse como «carbono neutral», «cero emisiones» o «emisiones netas cero» si tales afirmaciones no cuentan con respaldo técnico, verificación y trazabilidad suficientes.
La iniciativa incorpora reglas específicas para la utilización de créditos de carbono y mecanismos de compensación. En ese sentido, establece que las compensaciones solo podrán aplicarse sobre emisiones residuales, una vez implementadas medidas razonables de reducción, y prohíbe expresamente el doble cómputo de créditos o resultados de mitigación.
Otro aspecto relevante es la posibilidad de otorgar beneficios promocionales, fiscales, financieros y técnicos a quienes participen del programa. Entre los incentivos previstos se incluyen la devolución anticipada de IVA para inversiones elegibles, amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, certificados de crédito fiscal, reducción o reintegro de aranceles para bienes de capital y acceso prioritario a financiamiento climático.
Según el texto, esos beneficios estarán sujetos a los cupos y límites que establezcan la Ley de Presupuesto o las normas tributarias específicas, y deberán destinarse a proyectos que acrediten contribuciones verificables a la reducción o gestión de emisiones.
El proyecto también contempla un régimen de infracciones y sanciones para quienes suministren información falsa, utilicen indebidamente el sello oficial, incurran en doble cómputo de créditos de carbono o formulen declaraciones ambientales engañosas. Las multas podrían alcanzar hasta 10.000 salarios mínimos, vitales y móviles en los casos considerados muy graves.
En los fundamentos, el diputado de Elijo Catamarca sostiene que el objetivo es dotar al país de una herramienta moderna y verificable para gestionar la huella de carbono sin imponer obligaciones generales ni crear un mercado regulado de carbono. De hecho, el proyecto aclara expresamente que no establece un sistema obligatorio de comercio de emisiones ni permisos transables, sino un marco voluntario orientado a generar transparencia y preparación institucional para futuros instrumentos climáticos.
La iniciativa prevé además una implementación gradual durante los primeros dos años de vigencia, con especial énfasis en la asistencia técnica y capacitación para MiPyMEs, cooperativas, economías regionales y sectores exportadores.
Medio: parlamentario.com
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