Presupuesto 2027: Llaryora se planta por discapacidad y le marca un límite a Milei en plena negociación con las provincias

El debate por el Presupuesto 2027 sumó este domingo un nuevo frente de conflicto para el Gobierno. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, rechazó los cambios sobre el sistema de discapacidad incluidos en el proyecto enviado al Congreso y pidió a los legisladores nacionales de la provincia que no acompañen una iniciativa que, según planteó, afecta derechos y prestaciones.

La posición de Llaryora llega después de una semana en la que la discusión por discapacidad ya había generado cortocircuitos dentro de La Libertad Avanza y tensado la relación con los bloques aliados.

El oficialismo busca ahora alcanzar un acuerdo en Diputados para modificar el esquema planteado originalmente y llegar al dictamen previsto para el martes 23 de septiembre.

“Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto nacional que afecte estos derechos”, afirmó Llaryora en una publicación en redes sociales.

El gobernador también reclamó al Congreso que no apruebe los cambios incorporados por el Poder Ejecutivo y advirtió sobre las consecuencias que, a su criterio, tendría una reducción del financiamiento nacional.

“Las prestaciones, los traslados y las terapias no pueden depender de la condición social ni del rincón de la provincia en el que nos tocó nacer”, sostuvo.

PARA NOSOTROS, EN CÓRDOBA, LOS FONDOS Y LAS POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD NO SON NEGOCIABLES.

NO VAMOS A ACOMPAÑAR NINGÚN RECORTE DEL PRESUPUESTO NACIONAL QUE AFECTE ESTOS DERECHOS.

En nuestra provincia, la #discapacidad es una prioridad. No es beneficencia ni caridad. Las… pic.twitter.com/ZT5TI9cTiT

— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 20, 2026

El límite de Córdoba al Presupuesto de Milei

La definición adquiere peso político porque Córdoba es una de las provincias con las que el Gobierno necesita construir acuerdos para avanzar con el Presupuesto 2027 y otras iniciativas en el Congreso.

El proyecto presupuestario incorporó en su capítulo sobre discapacidad modificaciones a la legislación que el oficialismo ya había intentado impulsar por otra vía y que habían generado resistencia entre sectores opositores y aliados. La inclusión de esos cambios dentro del Presupuesto también provocó cuestionamientos en el propio oficialismo.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, aseguró esta semana que desconocía que las modificaciones fueran a formar parte del proyecto que llegó al Congreso y cuestionó el funcionamiento de la Mesa Política del Gobierno. El episodio fue leído dentro del oficialismo como un problema de coordinación con consecuencias sobre las negociaciones parlamentarias.

Ahora, el planteo de Llaryora incorpora a un gobernador al conflicto y fija una posición provincial sobre uno de los capítulos sensibles del proyecto.

Córdoba no es, además, una provincia ajena a la discusión presupuestaria. El proyecto contempla para la provincia una autorización de garantías del Tesoro de hasta u$s 530 millones para operaciones provinciales, un mecanismo que facilita el acceso al crédito pero no representa una transferencia inmediata de fondos.

Qué cambios en discapacidad incluyó el Gobierno

El capítulo VI del Presupuesto 2027 modifica distintos aspectos de la legislación vigente sobre discapacidad.

Uno de los cambios alcanza a las pensiones no contributivas. El proyecto propone reemplazar la denominación actual por “Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral” y modifica el régimen de compatibilidad con el empleo.

La legislación vigente permite conservar la pensión aun con un trabajo formal o inscripción en el monotributo cuando los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. El proyecto enviado por el Gobierno plantea, en cambio, que el empleo formal o la inscripción en los regímenes general o simplificado sean incompatibles con la prestación.

El Presupuesto también modifica el esquema de prestaciones. Entre otros puntos, propone cambios sobre el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que actualmente establece valores de referencia para las prestaciones del sistema.

Según el proyecto, esos valores dejarían de funcionar bajo el esquema vigente y la determinación de los aranceles pasaría a tener otra modalidad de actualización y negociación.

Otro de los puntos cuestionados es la derogación de artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El Gobierno busca evitar la prórroga de la emergencia, que vence en diciembre, y pasar nuevamente a un esquema de financiamiento sujeto a las partidas presupuestarias ordinarias.

Ese es precisamente uno de los puntos que el oficialismo intenta acordar con los bloques aliados. La estrategia que comenzó a delinearse después de la controversia contempla eliminar la emergencia, modificar el mecanismo de actualización de los nomencladores y encontrar un punto intermedio respecto de la compatibilidad entre las pensiones y el empleo.

Llaryora advierte sobre el financiamiento del sistema

En su mensaje, el gobernador cordobés vinculó la discusión nacional con el funcionamiento de la red provincial de atención.

“En Córdoba seguiremos trabajando junto a las casi 350 organizaciones y a los gobiernos locales para sostener la red que trabaja por la discapacidad”, afirmó.

Pero inmediatamente marcó el límite de esa asistencia provincial: “Sabemos que el esfuerzo que hacemos entre todos no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades”.

Según Llaryora, esa situación podría llevar al sistema a “las puertas de un colapso prestacional”.

La provincia viene destinando recursos propios al área. En marzo, por ejemplo, el Gobierno cordobés anunció un incremento del Fondo de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, que pasó a contar con $4.500 millones destinados a proyectos y emprendimientos del sector.