Jorge Macri envió a la Legislatura un proyecto para endurecer el Código Contravencional porteño

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, remitió este miércoles a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de reforma integral del Código Contravencional y de la Ley de Procedimiento Contravencional con el objetivo de endurecer las sanciones, incorporar nuevas faltas y fortalecer los mecanismos para combatir la reincidencia.

La propuesta apunta a actualizar la legislación vigente frente a nuevas formas de conflictividad urbana y conductas vinculadas al entorno digital. Entre otros aspectos, prevé multas superiores a los 7 millones de pesos para quienes conduzcan alcoholizados, sanciones de hasta 58 millones de pesos para la venta ilegal en el espacio público y penas de hasta 90 días de arresto para trapitos reincidentes.

Desde el Gobierno porteño sostienen que la reforma busca garantizar que quienes incumplen las normas de convivencia enfrenten consecuencias más severas. “No hay Ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos”, afirmó Jorge Macri al presentar la iniciativa.

El proyecto incorpora nuevas contravenciones que actualmente no están contempladas en la normativa. Entre ellas figuran el seguimiento o acecho de personas en la vía pública, la obtención de credenciales mediante engaños digitales, la comercialización de datos personales, la organización de compraventas informales masivas en el espacio público, la portación de dispositivos para interferir señales y la manipulación fraudulenta de sistemas de cobro o transporte público.

Asimismo, amplía las sanciones accesorias vinculadas a eventos masivos, como partidos de fútbol y recitales, y también en materia de tránsito, apuestas ilegales y protección animal.

Ejemplos:

• ● Por ruidos molestos -como poner música a todo volumen en espacios comunes de edificios-, aumenta los días de tareas de utilidad pública (actualmente de 1 a 5, pasan de 3 a 15), las multas pasan de 100 UF ($117.308) a 600 UF máximo ($703.848) y se agrega la posibilidad de hasta 10 días de arresto. (Una Unidad Fija equivale a $1.173,08).
• ● Por conducir alcoholizado, actualmente hay multas de 300 a 2.000 UF ($350.000 a $2.350.000) y 1 a 10 días de arresto, más inhabilitación de 4 meses a 2 años de la licencia. Esta sanción pasa a 1.000 a 6.000 UF (más de $7.000.000). Y contempla arresto de 5 a 30 días y se incrementa de 6 meses a 4 años la inhabilitación de la licencia.
• ● Por actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público (manteros), multas que pueden llegar hasta a 50.000 UF ($58.654.000. Actualmente, el monto máximo es menor a $15 millones).
• ● También se sancionará a quien suplante la identidad de agentes de autoridad en espacios públicos (falsificación de credenciales); financie contravenciones reiteradas o a agrupaciones contraventoras; sea portador o distribuidor de materiales aptos para disturbios (con multas de hasta $9.384.640 o de hasta 45 días de arresto y comiso de los elementos utilizados); y entorpezca los sistemas de videovigilancia pública (con multas de hasta $4.692.320 o 30 días de arresto, y como sanción accesoria obligatoria, la reparación del dispositivo).

Uno de los ejes centrales de la reforma es el endurecimiento de las penas previstas para diversas contravenciones. Por ejemplo, en el caso de los ruidos molestos, se incrementan las multas, las jornadas de trabajo comunitario y se incorpora la posibilidad de arresto de hasta diez días.

En materia de tránsito, las multas por conducir bajo los efectos del alcohol pasarían de un máximo actual cercano a los 2,3 millones de pesos a más de 7 millones. Además, las penas de arresto aumentarían de un máximo de diez a treinta días y la inhabilitación para conducir podría extenderse hasta cuatro años.

También se endurecen significativamente las sanciones para la venta ilegal en el espacio público. Para los denominados manteros, las multas podrían alcanzar las 50.000 unidades fijas, equivalentes actualmente a más de 58 millones de pesos.

El proyecto también prevé castigos para quienes suplanten la identidad de agentes de autoridad mediante credenciales falsas, financien organizaciones contraventoras o porten elementos aptos para generar disturbios. En estos casos se contemplan multas millonarias, arrestos y el decomiso de los materiales utilizados.

Otro punto relevante es la eliminación de la condena en suspenso y, para los adultos, la exclusión de la suspensión del proceso a prueba como mecanismo alternativo de resolución. No obstante, para adolescentes se mantiene la posibilidad de probation, condicionada al cumplimiento de pautas de conducta, reparación del daño y continuidad educativa.

En cuanto a la reincidencia, la iniciativa crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público y amplía el criterio para considerarla. Ya no será necesario repetir exactamente la misma conducta, sino que bastará con cometer faltas similares para que se apliquen agravantes.

Las sanciones aumentarán un 50% ante la primera reincidencia, un 66,6% en la segunda y se duplicarán en la tercera. Además, los reincidentes no podrán acceder al arresto domiciliario, salvo excepciones fundadas. En el caso de los trapitos que extorsionan a conductores para estacionar, el arresto podría llegar a 90 días.

La reforma también introduce cambios de fondo respecto de los adolescentes. La Ciudad adapta así su régimen a la Ley Nacional de Justicia Penal Juvenil, que entró en vigencia recientemente. El proyecto establece la imputabilidad contravencional desde los 14 años, aunque bajo un sistema diferenciado respecto del de los adultos.

Según la iniciativa, los adolescentes no podrán ser detenidos y deberán contar con una defensa especializada. Las medidas previstas tienen un enfoque educativo y de integración social, incluyendo amonestaciones formales, acompañamiento interdisciplinario, programas educativos, continuidad escolar, capacitación laboral, reparación del daño y tareas comunitarias compatibles con su edad y situación educativa.

De aprobarse, la reforma representará una de las modificaciones más profundas al régimen contravencional porteño desde su sanción, ampliando el catálogo de infracciones y endureciendo significativamente el esquema sancionatorio vigente.