Piden al Gobierno porteño reglamentar una ley que garantiza Wi-Fi gratuito en centros de jubilados

La legisladora porteña Noemí Geminiani, acompañada por Matías Barroetaveña, Claudio Ferreño, Andrés La Blunda y Bárbara Rossen, presentó un proyecto de declaración para que la Legislatura manifieste su preocupación por la falta de reglamentación de la Ley 6176 e inste al Poder Ejecutivo de la Ciudad a avanzar con su implementación.

La iniciativa reclama la reglamentación inmediata de esa norma con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a conexión inalámbrica a Internet en los Centros de Jubilados y Pensionados y en los Centros de Día alcanzados por la legislación vigente.

Según recuerdan los autores del proyecto, la Ley 6176 fue sancionada en 2019 y establece la provisión de servicio Wi-Fi gratuito en los centros de jubilados inscriptos en el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC) y en los espacios destinados a la atención y contención de personas mayores. La norma también contempla que la autoridad de aplicación disponga los medios necesarios para la instalación, mantenimiento y operación de los equipos requeridos para brindar el servicio.

Sin embargo, los legisladores advierten que, pese al tiempo transcurrido desde su aprobación, la ley aún no cuenta con la reglamentación necesaria para hacer efectiva su aplicación.

En los fundamentos, sostienen que la situación cobra especial importancia en un contexto de creciente digitalización de trámites, prestaciones y canales de información, donde el acceso a Internet se convirtió en una herramienta indispensable para realizar gestiones, acceder a servicios públicos, obtener información y mantener vínculos sociales.

Los autores remarcan además que los centros de jubilados y los centros de día cumplen una función clave como espacios de encuentro y referencia para las personas mayores, por lo que garantizar conectividad en esos ámbitos contribuiría a reducir la brecha digital y favorecer una mayor inclusión tecnológica.

“El acceso a Internet constituye actualmente una herramienta fundamental para realizar trámites, acceder a información, utilizar servicios públicos, comunicarse, participar de actividades educativas, culturales y recreativas y sostener vínculos sociales”, señalan en la iniciativa.

Para los impulsores del proyecto, la ausencia de reglamentación después de varios años no puede considerarse una cuestión meramente administrativa, ya que impide que se cumplan los objetivos previstos por la ley y posterga una política pública destinada a favorecer la integración digital de los adultos mayores. Por ese motivo, solicitan que el Ejecutivo porteño adopte las medidas necesarias para poner en funcionamiento el régimen aprobado por la Legislatura.