Cámara rectifica y revoca fallo sobre interno aislado con informes falsos, y ratifica orden de investigar a autoridades

El Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado emitió una aclaratoria respecto a su decisión anterior. Por mayoría, los camaristas corrigieron un error material y dispusieron “revocar” (en lugar de anular) la resolución de la jueza Rosarito Montanía que mantenía a un procesado en máxima seguridad con informes penitenciarios falsos. La Alzada ratificó el traslado del interno a la Agrupación Especializada y la apertura de una causa penal contra los funcionarios del Ministerio de Justicia.

El tribunal modificó el punto número 2 del fallo anterior decidiendo finalmente revocar —y ya no anular— la resolución de la jueza penal de garantías Rosarito Montanía de Bassani (A.I. N° 195), por la cual se había negado a sacar del régimen cerrado de máxima seguridad de Emboscada al procesado Jorge Antonio Vilhalba.

Un cambio de «anular» por «revocar»

La corrección se produjo a instancias de la camarista Claudia Carolina Criscioni, quien advirtió que el tribunal había incurrido en un error jurídico de forma al declarar la «nulidad» del fallo de primera instancia.

En su voto, Criscioni fundamentó que, al tratarse de un debate sobre el lugar donde el prevenido debe guardar reclusión (y no sobre la revocatoria de la medida cautelar de prisión preventiva en sí misma), la figura legal aplicable no es la anulación, sino la revocación de la decisión de la jueza Montanía, con base en el artículo 126 del Código Procesal Penal (CPP) que permite corregir errores materiales.

A esta postura se adhirió el camarista Paublino Escobar Garay, quien integró el tribunal de manera interina en reemplazo del magistrado Gustavo Amarilla. Por su parte, la jueza Silvana Raquel Luraghi Sarubbi votó en disidencia, sosteniendo que correspondía mantener la anulación íntegra del fallo por carecer de fundamentación lógica.

En consecuencia, la mayoría resolvió revocar el fallo y remitir el expediente de vuelta al Juzgado de Crimen Organizado para que sea la propia jueza Montanía quien dé estricto cumplimiento a la orden de trasladar a Vilhalba a la Agrupación Especializada.

El origen del conflicto: Fotos ajenas y tatuajes fantasmas

Cabe recordar que el caso cobró notoriedad cuando la abogada defensora, Lilian Corvalán, demostró documental y científicamente que las razones para enviar a su cliente a confinamiento extremo eran producto de un montaje.

El confinamiento de Vilhalba se había ordenado sobre la base de reportes del Director del Centro Nacional de Prevenidos, los cuales aseguraban que el interno era miembro del Primer Comando Capital (PCC) y que poseía tatuajes alusivos a la facción. Sin embargo, una pericia oficial comprobó que las fotografías anexadas por las autoridades carcelarias correspondían a otra persona. La inspección física demostró además que Vilhalba no tenía ningún tatuaje vinculado al grupo criminal.

Pese a que la falsedad del informe quedó al descubierto, la jueza Montanía había decidido mantener al procesado en máxima seguridad bajo el argumento de que, al haber sido «sindicado» erróneamente, su vida corría peligro y debía ser resguardado. La Cámara consideró esto como una contradicción sustancial e insalvable.

Sigue firme la investigación a las autoridades carcelarias

Si bien el Tribunal rectificó el término legal (de nulidad a revocatoria), la esencia de la resolución y las graves consecuencias institucionales se mantienen inalterables.

Sigue plenamente vigente la orden de la Cámara de Apelaciones de remitir todos los antecedentes al Ministerio Público para que inicie de inmediato una investigación penal contra los responsables del Ministerio de Justicia. Estos funcionarios deberán responder ante la justicia ordinaria por la supuesta falsificación de documentos públicos y producción de datos falsos sobre la identidad y las características físicas de un procesado para forzar su encierro en un módulo de máxima seguridad.