Sin título de propiedad para las mujeres campesinas no hay Reforma Rural Integral

Columna escrita por Piedad Guzmán Lamprea, columnista invitada.

En el campo y en las riberas de nuestros ríos, el día empieza mucho antes de que despunte el sol. Somos las mujeres rurales, campesinas y de la pesca quienes encendemos los fogones, preparamos el alimento de la familia, ordeñamos, deshierbamos la yuca, sembramos el maíz, tejemos las redes y cuidamos la ciénaga y el agua que abastecen a las grandes ciudades. Sin embargo, cuando llega la hora de revisar los títulos de propiedad de las parcelas o los derechos sobre los territorios acuáticos, nuestra firma no aparece por ninguna parte. Nos hemos pasado la vida entera arando la tierra y remando los ríos, pero ante la ley seguimos siendo huéspedes invisibles en el suelo y el agua que trabajamos.

Que nadie se equivoque: las mujeres rurales, campesinas y de la pesca existimos, hemos resistido y seguiremos existiendo en los territorios. Los logros institucionales y normativos alcanzados no son dádivas estatales, sino el resultado histórico de nuestras luchas ininterrumpidas. Cada comité veredal, cada ley de mujer rural y cada espacio conquistado en las mesas de negociación han sido arrancados a fuerza de organización, marcha y dignidad comunitaria. Pero la deuda histórica sigue abierta y punzante mientras el acceso a la propiedad formal continúe atrapado en una burocracia insensible y patriarcal.

La consecuencia de esta exclusión no es una abstracción teórica ni una cifra fría de escritorio: se ve con dolor todos los días en la cotidianeidad de nuestros territorios. Se ve en el autobús de las 5 de la mañana que se lleva a nuestras jóvenes rurales con maletas de lona hacia las periferias de las ciudades, porque en su vereda no tienen ni un metro cuadrado a su nombre. Se ve en las cajas de cartón puestas sobre la carretera cuando una campesina enviuda y los familiares del cónyuge la expulsan de la finca que ella misma sembró durante cuatro décadas. Y se ve en las ventanillas de los bancos, donde a la mujer que sostiene la soberanía alimentaria del país le niegan un crédito para fertilizantes o aperos porque en el folio de matrícula formal su nombre no existe.

Garantizar la titulación prioritaria de la tierra a nombre de las mujeres campesinas y de la pesca y proteger su permanencia en el territorio no es un mero trámite administrativo, sino el cimiento indispensable para transformar su trabajo histórico invisible en autonomía económica, protección contra la violencia y acceso real a los derechos sociales que constituyen una vida digna. Sin un título de propiedad en la mano, las mujeres quedamos expuestas a la dependencia económica, a la violencia intrafamiliar y al despojo silencioso. La propiedad formal no es un adorno legal: es la diferencia entre depender de la voluntad de otros o sostenerse sola con orgullo, voz y autonomía.

Este debate no admite más dilaciones. El gobierno actual ha puesto en el centro del país la Reforma Rural Integral y el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos. Pero la reforma rural no puede medirse únicamente en millones de hectáreas reportadas en boletines oficiales si esas hectáreas siguen quedando en manos exclusivas de los hombres jefes de hogar. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene la responsabilidad histórica de demostrar que la perspectiva de género no es un eslogan de folleto, sino una política pública de adjudicación acelerada con presupuestos reales y metas de cumplimiento transparente.

Las cifras oficiales no mienten y avergüenzan al Estado. Los reportes consolidados del Dane y de la ANT revelan que solo el 26% de los títulos de propiedad en el sector rural están a nombre de mujeres. A esto se suma que, pese a contar con un presupuesto histórico para el sector agropecuario, menos del 28% de los fondos de inversión con enfoque de género se han ejecutado efectivamente en las veredas. Y el resultado es demoledor: el 82% de las solicitudes de crédito bancario realizadas por campesinas de forma individual son rechazadas por no tener una garantía hipotecaria. Nos piden producir comida, pero nos niegan la escritura para trabajar.

Tampoco se trata de una petición caprichosa. La Corte Constitucional (Sentencias SU-288 de 2022 y C-006 de 2018) ya declaró que privar a las campesinas del título de propiedad es una forma de violencia estructural y despojo pasivo, ordenando la adjudicación prioritaria y la cotitulación obligatoria. Además, informes de organizaciones como Dejusticia y Oxfam demuestran que en más del 65% de los casos de viudez o separación en el campo, la mujer sin título termina en el desplazamiento forzado urbano. Como le ocurrió a doña Carmen en nuestra vereda, quien tras 38 años de trabajo en tres hectáreas de cacao, vio vender su finca sin su consentimiento al morir su esposo porque el papel solo llevaba la firma de él.

¿Qué le exigimos concretamente a las instituciones? A la Agencia Nacional de Tierras le pedimos la expedición e implementación inmediata de una Directiva de Priorización Acelerada de Titulación para Mujeres Rurales, Campesinas y Pescadoras que resuelva al menos el 50% de las solicitudes represadas. A las Alcaldías Municipales les exigimos el despliegue de Brigadas Jurídicas Veredales Gratuitas para sanear predios en el propio terreno. Y al Ministerio de Agricultura le exigimos que cada título entregado venga acompañado automáticamente de crédito blando del Banco Agrario, subsidio de vivienda rural y asistencia técnica agroecológica.

Habrá quienes objeten diciendo que un título de propiedad no resuelve la falta de vías terciarias, la violencia armada, la falta de escuelas o las sequías que secan los ríos. A ellos les respondo con la voz firme del territorio: es verdad que la escritura no lo resuelve todo de la noche a la mañana, pero sin el título no hay punto de partida. Nadie siembra un árbol frutal, ni invierte sus ahorros, ni cuida una ciénaga en una tierra o un territorio de donde puede ser expulsada mañana. El título de propiedad es nuestro escudo protector contra el despojo y nuestra plataforma irrenunciable para exigir salud, educación y vida digna.

Si este gobierno logra que la formalización de la tierra y la protección de los ríos dependan de quién los vive y los trabaja con amor, y no de quién tiene influencias para litigar, la realidad del campo colombiano cambiará para siempre. Las veredas y las ciénagas florecerán, la soberanía alimentaria estará garantizada y las mujeres rurales dejaremos de ser sombras en nuestra propia patria.

Tener tierra propia y permanecer en el territorio no es una limosna que le pedimos al Estado: es la deuda histórica que debe saldarse para que las mujeres rurales, campesinas y de la pesca dejemos de pedir permiso para vivir con dignidad.

Piedad Guzmán Lamprea

Lideresa campesina, defensora de derechos humanos y profesional del sector agropecuario con más de 25 años de trabajo social y territorial en Colombia. Es fundadora y directora general de la Fundación De La Mano Contigo y codirectora del Colectivo Trenzadas Somos Más. A nivel institucional e internacional, es delegada en la Comisión Mixta de Asuntos Campesinos, representante de Colombia en el Grupo Asesor de Mujeres Rurales de la CIM-OEA y exconsejera nacional del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (Snia). Asimismo, pertenece a la Redlac, espacio desde el cual se logró el Decenio de las Mujeres y las Niñas en Entornos Rurales. Ha sido protagonista en hitos normativos como la creación del Mandato por la Vida y el Territorio, la defensa, actualización y ajuste de la Ley de Mujer Rural 731 de 2002 hacia la Ley 2462 de 2025, el proceso de construcción del Plan de Acción de Género y Cambio Climático, y el Plan de Acción de Mujeres, Niñez, Adolescencia y Juventudes por la Biodiversidad de Colombia al 2030.