Una denuncia recibida por Prensa Mercosur, enviada por el dirigente indígena José Tomás, de Minga Guazú, expone una serie de situaciones que afectan a comunidades indígenas y solicita una respuesta de las autoridades paraguayas y de organismos regionales de derechos humanos. El documento fue remitido posteriormente por Prensa Mercosur a integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del MERCOSUR y a parlamentarios del bloque, ante la gravedad de los hechos denunciados.

El documento, fechado el 14 de septiembre de 2026 en Foz do Iguaçu, reúne información sobre dos conflictos territoriales que afectan a pueblos indígenas de la región de la Triple Frontera: la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, en Misiones, Argentina, y la comunidad Y’apo, en Canindeyú, Paraguay. La presentación sostiene que ambos casos deben ser observados dentro de un contexto más amplio de presión sobre territorios ancestrales indígenas y reclama que los Estados respeten las garantías reconocidas en sus respectivas legislaciones y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

En el caso paraguayo, el informe concentra especial atención en los acontecimientos ocurridos el 14 de agosto de 2026 en las comunidades Y’apo, Y’apo 2 y Y’apo 4, distrito de Corpus Christi. Allí se desarrolló la denominada Operación “Redención”, con participación de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC/CODI). El operativo terminó con la muerte de Antonio Carrillo, identificado como dirigente o líder comunitario, y Catalino Correa, docente de la Escuela Básica N.º 8.445 “Ñembo’e ha Y’apo”.

La documentación destaca que existen dos versiones contrapuestas sobre las circunstancias de las muertes. Según la versión oficial difundida por la SENAD, durante el procedimiento se produjo un enfrentamiento armado después de que un vehículo apareciera en un camino vecinal y sus ocupantes efectuaran disparos contra los agentes. Las autoridades sostuvieron que Carrillo y Correa estaban vinculados al grupo atribuido a una persona identificada como “Macho” y que portaban armas. Esa explicación, sin embargo, es rechazada por familiares y miembros de la comunidad, quienes sostienen que se trató de un ajusticiamiento y reclaman una investigación independiente.

El Ministerio Público informó que las autopsias determinaron que ambos hombres murieron a consecuencia de heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. El informe recibido por Prensa Mercosur señala que este dato establece la causa médica de las muertes, pero no permite por sí solo determinar si existió un enfrentamiento, si el uso de la fuerza fue legítimo o si se produjo una ejecución. Para esclarecerlo, la documentación reclama pericias balísticas, reconstrucción de las trayectorias, análisis de armas y casquillos, identificación de los agentes que participaron directamente y acceso a las comunicaciones y órdenes operativas.

La situación también involucra a Bruno López, poblador de Y’apo 4, cuya detención durante el operativo fue denunciada por familiares y miembros de la comunidad. El documento señala que López padecería una enfermedad grave preexistente y plantea la necesidad de determinar las circunstancias exactas de su detención, su estado de salud, eventuales lesiones, lugar de reclusión y las actuaciones realizadas por las autoridades. También se menciona a Roberto Martínez, sobre quien existen denuncias de golpes o malos tratos, mientras que Fulgencio Carrillo Mancoello fue reportado como desaparecido desde el 14 de agosto y su localización fue solicitada por el Ministerio Público.

Un conflicto que trasciende el operativo

Uno de los puntos centrales de la denuncia es que los hechos de agosto no pueden analizarse aisladamente del conflicto territorial que afecta a Y’apo. Los testimonios recogidos relacionan el operativo con una disputa previa por tierras y con una convocatoria realizada a Antonio Carrillo para abordar cuestiones vinculadas con el territorio.

El informe pide determinar si existió alguna relación entre el conflicto territorial, actores privados mencionados por los familiares y la intervención estatal. No obstante, advierte expresamente que estas circunstancias requieren documentación y una investigación antes de establecer responsabilidades.

La presencia de niños y familias durante el operativo constituye otro aspecto señalado. La intervención coincidió con actividades por el Día del Niño en la comunidad, donde funcionaba la escuela local. Por ello, la documentación solicita investigar las posibles consecuencias que el procedimiento pudo haber tenido sobre niños, docentes y familias, además de verificar mediante testimonios, fotografías y otros elementos qué ocurrió exactamente durante la intervención.

Reclamo por una investigación independiente

Frente a las versiones enfrentadas, el documento destaca como un hecho institucional relevante la decisión del fiscal general Emiliano Rolón Fernández de conformar un equipo especializado para investigar lo ocurrido. Sin embargo, plantea que la investigación debe preservar la evidencia, garantizar independencia e imparcialidad y permitir la participación efectiva de los familiares y representantes comunitarios.

Entre las pruebas consideradas necesarias figuran las autopsias completas, fotografías forenses, pericias balísticas, armas y casquillos, informes médicos de agentes y detenidos, actas de detención, órdenes operativas, nóminas de agentes, comunicaciones radiales, registros de desplazamiento, teléfonos, fotografías y videos del lugar y documentación relacionada con la situación territorial de Y’apo.

El informe también reclama esclarecer por qué no existen registros audiovisuales del momento específico del supuesto enfrentamiento. La propia SENAD explicó públicamente que los agentes se encontraban preparándose para ingresar cuando se produjo el encuentro. Esa explicación, según el documento, debe ser contrastada con la evidencia disponible.

La dimensión regional de la denuncia

La presentación no limita el problema a Paraguay. Organizaciones de Argentina, Brasil y Paraguay advierten que las comunidades indígenas de la región de la Triple Frontera enfrentan presiones derivadas de la expansión de actividades forestales y agroindustriales, además de conflictos territoriales y dificultades para obtener respuestas institucionales.

El documento plantea que la situación de los pueblos indígenas debe ser analizada desde una perspectiva regional, considerando instrumentos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En relación con Y’apo, se señalan como posibles derechos afectados —sujetos a investigación y determinación por las autoridades competentes— el derecho a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección judicial, derechos de la niñez, propiedad comunitaria y derechos territoriales indígenas.

Prensa Mercosur lleva la denuncia al ámbito parlamentario regional

Ante la naturaleza de las denuncias contenidas en el documento, Prensa Mercosur realizó su reenvío a miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del MERCOSUR y a parlamentarios del bloque, con el propósito de poner los hechos en conocimiento de representantes regionales y favorecer su seguimiento institucional.

La documentación también plantea la posibilidad de recurrir a mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, aunque reconoce que antes deben completarse elementos fundamentales, entre ellos la identificación precisa de las víctimas, los expedientes judiciales y fiscales, las pericias, los documentos territoriales y el estado de los recursos internos.

El caso Y’apo queda así planteado como una controversia que requiere esclarecer hechos concretos antes de establecer responsabilidades. Las muertes de Antonio Carrillo y Catalino Correa, las denuncias de malos tratos y detenciones, la situación de Bruno López, la desaparición denunciada de Fulgencio Carrillo y el conflicto territorial forman parte de un expediente que ahora también ha sido puesto en conocimiento de actores del ámbito regional del MERCOSUR.

La prioridad señalada por el documento es que la investigación permita determinar qué ocurrió realmente durante la Operación “Redención”, quiénes participaron, bajo qué órdenes actuaron y si el uso de la fuerza se ajustó a la legislación paraguaya y a las obligaciones internacionales del Estado.

En paralelo, las comunidades reclaman que cualquier solución al conflicto territorial considere su identidad, sus autoridades propias, su relación ancestral con el territorio y las garantías de protección que corresponden a los pueblos indígenas.

Documento recibido por Prensa Mercosur: denuncia y documentación de organizaciones y representantes vinculados a comunidades indígenas de la región de la Triple Frontera.

Foto: Archivo / Prensa Mercosur