El Gobierno de Ecuador volvió a endurecer las medidas de seguridad frente al avance de las estructuras del crimen organizado. El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres municipios, mientras que desde este jueves 17 de septiembre comenzará un toque de queda nocturno en cuatro provincias de la Costa. La disposición se suma a otras medidas extraordinarias aplicadas durante 2026.

El Decreto Ejecutivo 498, firmado el 15 de septiembre, establece el estado de excepción en las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. También incluye los municipios de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, en Bolívar; y La Maná, en Cotopaxi. La medida fue fundamentada por el Ejecutivo en una situación de “grave conmoción interna” relacionada con las actividades de organizaciones criminales.

Una de las principales consecuencias del nuevo decreto es la suspensión de la inviolabilidad del domicilio en las zonas alcanzadas por la declaratoria. Esto permite a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas realizar determinados allanamientos y registros sin autorización previa del propietario cuando existan indicios de delito, bajo las condiciones establecidas en el decreto. El Gobierno sostiene que esta herramienta busca facilitar intervenciones contra estructuras dedicadas a actividades ilícitas.

El toque de queda, sin embargo, no se aplica en las ocho provincias completas ni en los tres municipios incluidos en el estado de excepción. La restricción de movilidad será exclusivamente para Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, y comenzará a las 00:00 del 17 de septiembre, extendiéndose hasta las 05:00, todos los días, hasta el 30 de septiembre. La medida supone 13 jornadas de restricción nocturna.

Esto significa que ciudades como Guayaquil, Manta, Machala y Babahoyo tendrán restricciones importantes durante la madrugada. Las autoridades han señalado que durante esas horas se reforzarán los controles y las operaciones de seguridad contra las organizaciones criminales. En esas cuatro provincias tampoco se contempla la emisión de salvoconductos para circular durante el horario restringido, según la información publicada sobre el decreto.

El Gobierno ecuatoriano fundamentó la nueva declaratoria en informes del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Según esos documentos, las estructuras criminales de las zonas afectadas han diversificado sus fuentes de financiamiento mediante distintas economías ilícitas, lo que les permite adaptarse a las operaciones policiales convencionales.

La nueva restricción también tiene un antecedente inmediato. Es el tercer toque de queda establecido en Ecuador durante 2026. El primero se aplicó durante la segunda mitad de marzo en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. Posteriormente, entre el 3 y el 18 de mayo, se estableció otra restricción nocturna en nueve provincias y sectores de Pichincha.

Durante aquella segunda aplicación de mayo, el Bloque de Seguridad informó de 5.023 personas aprehendidas en las zonas sometidas a la medida. De ese total, 717 —el 14,3%— fueron señaladas por las autoridades como personas con presuntos vínculos con organizaciones criminales. Se trata de cifras oficiales de esa operación y no equivalen necesariamente a condenas judiciales.

La situación de seguridad también se desarrolla dentro de un contexto más amplio. Ecuador permanece desde enero de 2024 bajo la declaración de “conflicto armado interno”, mediante la cual el Gobierno intensificó la participación militar en operaciones contra grupos criminales a los que las autoridades califican como organizaciones terroristas. Pese a las sucesivas medidas de seguridad, 2025 terminó con alrededor de 9.300 homicidios, según las cifras citadas por EFE.

En Pichincha y Quito, donde también rige el nuevo estado de excepción, el toque de queda no será aplicado bajo este decreto. Las autoridades podrán, no obstante, mantener operaciones extraordinarias de seguridad, controles, registros y acciones contra estructuras delictivas dentro de las facultades establecidas por la declaratoria.

La nueva medida llega además en un momento de impacto directo sobre la actividad económica y social de las provincias costeras. El horario nocturno afecta especialmente a restaurantes, comercios, transporte, espectáculos y otros sectores que concentran parte de su actividad después de las 22:00. También existen eventos y conciertos programados durante septiembre que deben adaptar sus horarios a la nueva restricción.

Con este nuevo decreto, Ecuador entra nuevamente en un régimen excepcional de seguridad que combina presencia militar, mayores facultades operativas para las fuerzas de seguridad y una restricción temporal de la movilidad nocturna en cuatro provincias. El Gobierno sostiene que la estrategia busca debilitar las fuentes de financiamiento y la capacidad operativa de las organizaciones criminales; sus resultados deberán evaluarse a medida que avance la aplicación de las medidas y se conozcan nuevos datos oficiales.

Foto: EFE / Archivo