Cuestionan comisionamiento de funcionaria de la Defensoría Pública como actuaria judicial en Coronel Oviedo

• Profesionales del área cuestionan el procedimiento aplicado para la incorporación de Daisy Andrea Bogado González.
• El comisionamiento se habría concretado a pedido de Paola Pacheco, presidenta de la Circunscripción Judicial de Caaguazú.
• El reclamo apunta a la presunta ausencia de concurso y solicita aclarar el alcance de la designación.

El comisionamiento de Daisy Andrea Bogado González, funcionaria de la Defensoría Pública, para desempeñarse como actuaria judicial en Coronel Oviedo fue objeto de cuestionamientos de profesionales del área sobre el procedimiento de selección y las oportunidades de promoción del personal de la institución.

El reclamo, difundido en redes sociales, señala que en la Secretaría de la Niñez N.º 3 existen funcionarios con trayectoria, experiencia y formación académica que deberían ser considerados para acceder a cargos de mayor responsabilidad.

De acuerdo con la información proporcionada a este medio, el comisionamiento se habría realizado a pedido de Paola Pacheco Viana, presidenta de la Circunscripción Judicial de Caaguazú. La intervención que se le atribuye en este caso requiere corroboración mediante la documentación correspondiente.

Los cuestionamientos se centran en una presunta incorporación sin concurso y en el supuesto carácter permanente de la asignación de funciones. Los profesionales solicitan aclarar qué procedimiento se aplicó, cuáles fueron los requisitos exigidos y cómo se evaluaron los antecedentes de la funcionaria.

Otro de los puntos del reclamo es si se consideraron la experiencia, la antigüedad y la preparación académica del personal que ya presta servicios en esa dependencia. El planteamiento sostiene que estos funcionarios deben contar con oportunidades de crecimiento bajo criterios objetivos y transparentes.

Asimismo, solicitan que se den a conocer los fundamentos administrativos de la decisión y las razones por las que se recurrió al comisionamiento de una funcionaria de otra institución para cubrir la función de actuaria judicial.

La documentación disponible para esta redacción no incluye la resolución que autorizó el comisionamiento ni el instrumento de asignación de funciones. Por tanto, no permite establecer si la medida tiene carácter interino o permanente, si correspondía realizar un concurso o si existió un incumplimiento del procedimiento aplicable.

La revisión de esos documentos y la versión de las autoridades involucradas resultan necesarias para determinar si las irregularidades señaladas tienen sustento.