Oficinas para la foto: La ilusión de la igualdad estatal ante mujeres desprotegidas

Mientras autoridades judiciales como la ministra Carolina Llanes, el superintendente Eugenio Jiménez, la camarista María Teresa González de Daniel y la directora Silvia López Safi posan para celebrar la apertura de nuevas Unidades de Género, la nula eficacia de estas dependencias se cobra vidas. Con 20 feminicidios, 28 tentativas y 36 hijos afectados solo hasta octubre de 2026, las cifras demuestran que la burocracia de los actos protocolares fracasa rotundamente al momento de proteger a las mujeres.

Las alarmantes estadísticas obligan a mirar más allá de los cortes de cinta y los discursos oficiales. Las dependencias especializadas, como la habilitada el pasado 25 de setiembre en el Juzgado de Paz dentro del Palacio de Justicia de San Lorenzo, resultan teóricamente necesarias. Sin embargo, la realidad expone que ninguna oficina logra responder a un problema que exige prevención, reacción oportuna y protección real para quienes denuncian violencia.

La propia Secretaría de Género del Poder Judicial, encabezada por López Safi, reconoce las graves dificultades que enfrenta su gestión. Una publicación institucional de esta dependencia admite una elevada demanda de atención frente a recursos humanos sumamente limitados. Esta confesión plantea serias interrogantes sobre la capacidad operativa del sistema para asistir a las víctimas que buscan ayuda urgente y chocan contra un muro de ineficacia.

El problema principal no radica en habilitar espacios físicos. El error institucional es creer que la creación de dependencias y la aprobación de planes de igualdad bastan para enfrentar una violencia extrema que termina en asesinatos. El Estado paraguayo no garantiza la seguridad con carteles, oficinas o declaraciones a la prensa; la garantiza con decisiones firmes, presupuesto real, coordinación interinstitucional y funcionarios que actúen con celeridad.

La respuesta que reciben las mujeres al denunciar genera profunda indignación. Diversos sectores cuestionan las decisiones judiciales que otorgan beneficios procesales a presuntos agresores, exponiendo la urgencia de reevaluar cómo se mide el riesgo de las víctimas. Los jueces deben aplicar las garantías procesales, pero sin olvidar jamás la obligación estatal de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad antes de que ocurra una nueva agresión.

La responsabilidad de esta crisis de protección trasciende a los juzgados. La Fiscalía, la Policía Nacional y las instituciones encargadas de brindar asistencia asumen obligaciones concretas en la ruta de denuncia. Resulta indispensable que el sistema rinda cuentas y señale a los responsables cuando las alertas no reciben respuesta, los expedientes se estancan o las medidas de alejamiento fracasan.

Detrás de cada feminicidio hay una vida perdida, una familia destrozada y niños huérfanos. Las Unidades de Género tienen el potencial de mejorar el acceso a la justicia, pero actualmente corren el riesgo de ser meros decorados si carecen de personal suficiente, recursos y capacidad de respuesta inmediata. El Estado debe transformarlas en herramientas efectivas dentro de una política pública que actúe mucho antes de que la violencia alcance su desenlace irreversible.