Proponen retirar beneficios fiscales a empresas chilenas por sus operaciones vinculadas con Malvinas

BUENOS AIRES.- Este fin de semana, el diputado nacional Guillermo Michel, de Unión por la Patria, presentó un proyecto para que el Gobierno argentino denuncie dos acuerdos bilaterales con Chile que otorgan beneficios fiscales y protección a las inversiones de empresas de ese país que operan en territorio argentino.

La iniciativa está vinculada con la reanudación prevista de la ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. El servicio sería restablecido mediante el buque Danstar, de bandera chilena y perteneciente a la empresa naviera Easter Island, con el objetivo de abastecer a los habitantes de las islas y recuperar una conexión comercial regular con Puerto Argentino.

Michel sostuvo que esa actividad representa una falta de solidaridad de Chile con el reclamo argentino de soberanía. En ese marco, planteó que el país no debería mantener ventajas económicas y fiscales para empresas chilenas mientras, según su interpretación, el Estado trasandino facilita operaciones logísticas vinculadas con las islas.

El proyecto solicita al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que denuncie formalmente dos instrumentos vigentes entre ambos países.

El primero es el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones, aprobado por la Ley 24.342. El segundo es el Convenio para Eliminar la Doble Imposición en relación con los impuestos sobre la renta y el patrimonio y para prevenir la evasión y la elusión fiscal, aprobado por la Ley 27.274.

Estos acuerdos establecen condiciones para las inversiones y limitan determinadas retenciones impositivas sobre rentas derivadas de dividendos, intereses y regalías. La propuesta busca que las empresas chilenas dejen de contar con las ventajas previstas en esos instrumentos si Argentina formaliza su retiro.

La iniciativa no implica por sí misma la eliminación inmediata de esos beneficios. Para avanzar, el Poder Ejecutivo debería concretar el procedimiento de denuncia de los acuerdos, conforme a las disposiciones aplicables.

El planteo se inscribe en la discusión sobre las herramientas económicas y diplomáticas que Argentina puede utilizar para defender su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Por el momento, la propuesta de Michel constituye una iniciativa legislativa y no una decisión adoptada por el Gobierno nacional. Su eventual aplicación dependerá de los pasos institucionales que se definan para los acuerdos bilaterales.