Colombia | Escándalo político en Colombia: exjefes de las AUC denuncian presiones del Gobierno Petro para señalar a Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras en plena antesala electoral

Angie Rodríguez, exfuncionaria del gobierno del expresidente Gustavo Petro

Los testimonios de antiguos comandantes paramilitares y las declaraciones de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, abren interrogantes sobre una reunión realizada en octubre de 2025. Según sus versiones, funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro habrían buscado que los excombatientes vincularan a tres figuras de la derecha con el paramilitarismo.

Una reunión convocada en Valledupar para avanzar en el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado colombiano se encuentra ahora en el centro de una controversia política que alcanza al Gobierno del presidente Gustavo Petro y a varias figuras de la oposición. Según los testimonios atribuidos a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, y a tres antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), durante el encuentro se habría planteado la posibilidad de que los exjefes paramilitares hablaran sobre los presuntos vínculos de Álvaro Uribe Vélez, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras con esa organización armada.

Los hechos se remontan al 25 de octubre de 2025, cuando once excomandantes de las AUC se reunieron en una casa campestre a las afueras de Valledupar. El encuentro hacía parte de una iniciativa gubernamental orientada, oficialmente, a avanzar en el cierre del proceso de paz de Ralito y a obtener información sobre las responsabilidades del conflicto armado, las víctimas, los bienes de los antiguos combatientes y la ubicación de fosas comunes.

Sin embargo, las versiones conocidas posteriormente plantean dudas sobre los propósitos de aquella convocatoria. Rodríguez aseguró que recibió instrucciones directas del entonces presidente para que los exjefes paramilitares se refirieran a los tres dirigentes políticos. Según su relato, inicialmente creyó que el objetivo era avanzar en el esclarecimiento de la verdad, pero después concluyó que la iniciativa podía tener una finalidad política.

“Gustavo Petro me dio la orden”, afirmó Rodríguez al referirse a las instrucciones que, según ella, recibió antes de viajar a Valledupar. La exfuncionaria sostuvo que el mandatario le manifestó que necesitaba que los antiguos comandantes hablaran sobre Uribe, De La Espriella y Vargas Lleras.

Rodríguez, quien tenía a su cargo la organización logística del encuentro, las convocatorias y la custodia de las actas, relató que comunicó la petición a los exjefes de las AUC. La reacción, según su versión, fue de rechazo. Algunos participantes se mostraron molestos y uno de ellos habría amenazado con abandonar la reunión al considerar que no estaba dispuesto a repetir declaraciones que, a su juicio, ya había entregado ante la justicia.

La exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, aseguró que, ante la incomodidad de los asistentes, decidió cambiar el rumbo de la conversación y plantear una alternativa centrada en las víctimas. La propuesta incluía recorrer el país para pedir perdón, contribuir a la búsqueda de desaparecidos, identificar fosas comunes y establecer la ubicación de bienes que pudieran servir para la reparación de las personas afectadas por la violencia.

De acuerdo con su testimonio, esa decisión provocó una fuerte reacción del entonces presidente. Rodríguez aseguró que Petro la reprendió por teléfono y le exigió regresar a Bogotá. También afirmó que el mandatario la amenazó con retirarla del Gobierno si no acataba la instrucción.

La exfuncionaria sostuvo que se negó a abandonar Valledupar porque consideraba que el encuentro debía concentrarse en la reparación de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos. Según su relato, la discusión escaló hasta el punto de que el presidente cuestionó su permanencia en el lugar y puso en duda su actuación frente a los antiguos integrantes de las AUC.

Las declaraciones de Rodríguez encontraron respaldo en los testimonios de tres exjefes paramilitares que participaron en la reunión y que, según la información divulgada, confirmaron que durante la jornada se mencionaron los nombres de Uribe, De La Espriella y Vargas Lleras. Los antiguos comandantes sostuvieron que interpretaron la solicitud como un intento de involucrarlos en una disputa política.

Uno de ellos afirmó que los funcionarios presentes plantearon la necesidad de que el país conociera información sobre las relaciones que los excombatientes habrían mantenido con determinadas figuras públicas. Según su versión, el asesor Víctor de Currea Lugo también intervino en la conversación y mencionó a los tres políticos.

Los excomandantes, por su parte, habrían respondido que sus declaraciones debían buscarse en los expedientes de Justicia y Paz, el mecanismo judicial creado para investigar los crímenes cometidos por grupos armados desmovilizados y establecer responsabilidades. Algunos manifestaron su inconformidad con la posibilidad de que el encuentro se utilizara para promover señalamientos que consideraban ajenos al propósito de reparación y verdad.

Entre los asistentes se encontraban Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40; Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán; Edward Cobos, conocido como Diego Vecino, y Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, entre otros antiguos comandantes de las AUC.

Otro de los participantes aseguró que el ambiente se tornó incómodo desde el comienzo. Según su versión, los asistentes esperaban una reunión sin presencia de periodistas, pero encontraron en el lugar al entonces director de RTVC, Hollman Morris. El excomandante sostuvo que varios participantes cuestionaron la presencia de funcionarios y la orientación que estaba tomando la jornada.

La controversia también involucra al entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, quien llegó al encuentro durante la mañana. Según uno de los testimonios, el funcionario recibió una llamada telefónica y posteriormente abandonó el lugar, luego de conocer que había sido incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, conocida como OFAC. Los participantes señalaron que, tras ese episodio, se planteó aplazar la reunión y finalmente se interrumpió la jornada.

Otro de los relatos que ha generado preguntas se refiere a la presencia del senador Iván Cepeda en el avión en el que uno de los exjefes paramilitares regresó a Bogotá después del encuentro. El antiguo comandante aseguró haberlo visto sentado en las primeras filas de la aeronave, aunque afirmó desconocer los motivos de su presencia en Valledupar y no aportó elementos que permitan establecer una relación directa entre el senador y las presuntas solicitudes formuladas durante la reunión.

La versión sobre el encuentro adquirió mayor relevancia después de que Salvatore Mancuso difundiera un video en redes sociales en el que aseguró que delegados del Gobierno les habían pedido a los excomandantes señalar a Uribe, De La Espriella y Vargas Lleras en medio de la contienda política. Mancuso afirmó que ninguno de los participantes aceptó esa solicitud.

Rodríguez, por su parte, manifestó que llegó a la conclusión de que la iniciativa podía buscar influir en las elecciones presidenciales de 2026 y afectar la imagen de los adversarios políticos del Gobierno. Se trata de una interpretación de la exfuncionaria que, por su gravedad, requiere ser contrastada con documentos, testimonios adicionales y las explicaciones de las personas señaladas.

El caso plantea interrogantes sobre los límites entre los procesos de búsqueda de la verdad, la reparación de las víctimas y la utilización política de testimonios relacionados con el conflicto armado. También pone de relieve la importancia de que cualquier declaración sobre presuntos vínculos con estructuras paramilitares sea examinada por las autoridades competentes y respaldada por pruebas verificables.

Las acusaciones descritas corresponden a testimonios atribuidos a Rodríguez y a antiguos comandantes de las AUC. Por sí solas, no constituyen una determinación judicial sobre la existencia de un complot ni prueban que las personas mencionadas hayan cometido delitos. La controversia exige esclarecer quién formuló las solicitudes, con qué propósito se organizó la reunión y qué registros oficiales existen sobre su desarrollo.

La ausencia de una respuesta pública de Iván Cepeda, a quien se le atribuye haber estado en el avión de regreso a Bogotá, también deja preguntas pendientes sobre ese episodio específico. Del mismo modo, resulta fundamental conocer las explicaciones de los funcionarios señalados y establecer si existen actas, comunicaciones u otros documentos que permitan reconstruir lo ocurrido.

Lo sucedido en Valledupar podría convertirse en un nuevo foco de tensión política en Colombia, no solo por los nombres involucrados, sino por las implicaciones que tendría demostrar que un proceso de esclarecimiento del conflicto armado fue orientado para favorecer intereses electorales. Por ahora, las declaraciones conocidas abren un debate que exige investigación rigurosa, garantías para las víctimas y respeto por el debido proceso.

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