Colombia | Escándalo por unidad móvil de RTVC de $11.924 millones: denuncian posibles sobrecostos y fallas que la mantienen fuera de servicio

Unidad Móvil de Inravisión

La adquisición de una unidad móvil de televisión por $11.924 millones está bajo cuestionamiento en Colombia. La actual administración de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) denunció posibles sobrecostos superiores a $2.000 millones, deficiencias técnicas y presuntas irregularidades en el proceso contractual que podrían comprometer recursos públicos.

El equipo fue contratado el 16 de diciembre de 2025, durante la gerencia de Hollman Morris, quien estuvo al frente del sistema de medios públicos entre abril de 2024 y agosto de 2026, según la información suministrada por la entidad. Hoy, de acuerdo con la denuncia, el vehículo permanece estacionado en las instalaciones de RTVC, en Bogotá, sin poder cumplir plenamente la función para la que fue adquirido.

Uno de los principales cuestionamientos es la ausencia de una planta eléctrica, componente esencial para garantizar la autonomía energética de una unidad móvil de televisión. Sin este sistema, el vehículo no puede operar de manera independiente en los lugares donde se requieren transmisiones y coberturas audiovisuales. La situación pone en entredicho la entrega y la puesta en funcionamiento de una infraestructura financiada con recursos públicos.

La alerta económica también genera interrogantes. De los $11.924 millones invertidos, cerca de $9.000 millones correspondieron a equipos audiovisuales. Sin embargo, estudios de mercado y cotizaciones elaborados por técnicos e ingenieros de la actual administración estimarían en aproximadamente $7.000 millones el valor de equipos equivalentes. La diferencia constituye la base de la advertencia sobre posibles sobrecostos superiores a $2.000 millones, cuya existencia y cuantía deberán establecer las autoridades competentes.

La revisión documental y técnica realizada por RTVC también habría identificado aspectos que requieren aclaración sobre la estructuración y ejecución del contrato. Entre ellos figura la exigencia de acreditar experiencia en la construcción y el ensamblaje de unidades móviles con chasis expandible, un requisito que, según los antecedentes examinados por la entidad, habría reducido considerablemente el número de empresas habilitadas para competir.

Otro punto bajo observación es que las dos compañías que participaron por separado en el estudio previo terminaron presentando una oferta conjunta a través de una unión temporal que obtuvo la adjudicación. Esta circunstancia, por sí sola, no demuestra una conducta ilegal, pero la entidad considera que amerita examinar si hubo restricciones a la competencia o acuerdos indebidos entre los participantes.

Las observaciones técnicas también se extienden a los equipos incorporados. Según la evaluación de la actual administración, las ocho cámaras suministradas presentarían limitaciones ópticas frente a las necesidades de producción de RTVC y los estándares actuales de televisión. La consola de sonido, por su parte, cumpliría apenas con condiciones mínimas y no respondería a los requerimientos de producciones audiovisuales de gran formato.

A esto se suma la inclusión de un dron cuyas características estarían orientadas principalmente a labores de cartografía y seguridad, y no a transmisiones televisivas en directo con los niveles de calidad requeridos por la entidad. Para la administración actual, estas observaciones plantean dudas sobre la definición de las necesidades técnicas y la pertinencia de los equipos adquiridos.

El contrato contemplaba el suministro integral de una unidad móvil broadcast, incluida su fabricación, dotación, integración tecnológica y puesta en marcha. Por ello, la falta de componentes esenciales y las limitaciones señaladas en los equipos abren interrogantes sobre el cumplimiento de las condiciones contratadas, la supervisión de la ejecución y la recepción del bien.

La administración de RTVC advirtió que la inversión corre el riesgo de convertirse en un nuevo elefante blanco: un activo de alto costo que, pese a los recursos destinados a su adquisición, no estaría prestando el servicio previsto. La situación resulta especialmente sensible para una entidad pública cuya misión incluye fortalecer la producción audiovisual y ampliar la cobertura informativa en el territorio nacional.

Ante la gravedad de los hallazgos reportados, RTVC informó que puso los hechos en conocimiento de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que cada organismo adelante las actuaciones correspondientes dentro de sus competencias.

El caso plantea preguntas que deberán resolverse con pruebas y decisiones oficiales: ¿se produjo un posible detrimento patrimonial? ¿Se cumplieron las condiciones técnicas y contractuales antes de recibir la unidad móvil? ¿Cómo se justificaron los precios de los equipos y las exigencias establecidas para participar en el proceso? ¿Qué responsabilidades podrían derivarse de las decisiones de contratación, supervisión y recibo?

La gestión contractual se encontraba bajo la administración de Hollman Morris, pero esta circunstancia no demuestra, por sí misma, responsabilidad individual en las presuntas irregularidades. Será necesario establecer quiénes intervinieron en cada etapa, qué controles se aplicaron, cuáles fueron las condiciones efectivas de entrega y si existieron incumplimientos o conductas sancionables.

El desafío ahora está en que los organismos de control determinen si los recursos públicos fueron utilizados conforme a la ley y si la unidad móvil puede ser puesta en funcionamiento sin nuevas inversiones injustificadas. Mientras avanzan las verificaciones, la denuncia deja una pregunta de fondo sobre la mesa: ¿cómo terminó una inversión de casi $12.000 millones bajo cuestionamiento por fallas que comprometerían su capacidad para prestar el servicio para el que fue adquirida?

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