
Pasadas las 3:30 de la madrugada y ante la falta de votos para aprobar su propio dictamen, la bancada oficialista logró enviar el proyecto de regreso a comisiones sin fijar fecha de tratamiento. La decisión impidió la votación del proyecto opositor, que proponía topes a las tasas de interés y refinanciaciones frente a una mora que ya afecta a más de 6 millones de personas.
Tras más de 15 horas de debate en la Cámara de Diputados, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) logró evitar la aprobación del proyecto de ley sobre Endeudamiento Familiar impulsado por sectores de la oposición. Cerca de las 3:30 de la madrugada, cuando se evidenció que la bancada de gobierno no reunía la mayoría necesaria para imponer su iniciativa, la secretaria parlamentaria libertaria, Silvana Giudici, solicitó el retorno del expediente a comisiones, logrando congelar la discusión de forma indefinida.
La votación de la moción cerró con 121 votos a favor, 117 en contra y 5 abstenciones. La postura de La Libertad Avanza fue respaldada por los bloques del PRO, la UCR, Producción y Trabajo, y un sector de Argentina Federal. En tanto, rechazaron el pase a comisiones Unión por la Patria (UP), el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas. La abstención de cinco diputados cordobeses alineados con el gobernador Martín Llaryora fue determinante para convalidar el archivo temporal de la medida.
El envío del expediente a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor sin una fecha tope para su dictamen provocó fuertes reclamos en el recinto.
Desde la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez sostuvo que la jugada parlamentaria buscó bloquear la votación del dictamen de minoría que proponía una reestructuración de deudas: “Hoy hay una mayoría clara que no quiere lo que propone el dictamen de mayoría; por lo tanto, debía abrirse un espacio para propuestas alternativas”, argumentó.
En la misma línea, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) cuestionó que la moción aprobada no incluyera plazos concretos para retomar el debate en el recinto: “A los colegas que están dispuestos a que esto vuelva a comisión sin ningún tipo de fecha les pido dar una respuesta concreta. Son unos embusteros”, recriminó durante el cierre de la sesión.
Los dos dictámenes en disputa
El debate enfrentaba dos abordajes opuestos para abordar la mora financiera de los hogares:
– El dictamen de mayoría (La Libertad Avanza, PRO y UCR): Bajo el nombre de «Ley de Transparencia Crediticia y Educación Financiera», se enfoca en el acceso a la información del crédito al consumo y la prevención del fraude digital, desechando cualquier tipo de regulación sobre los contratos, topes a las tasas de interés o planes de refinanciación obligatorios. Santiago Pauli (LLA) defendió el texto al señalar que se busca «un marco común de reglas para que haya más crédito con las leyes a favor de los argentinos».
– El dictamen de minoría (UP, Provincias Unidas y Coalición Cívica): Denominado «Ley de regularización y alivio financiero», planteaba declarar la emergencia por 180 días, establecer un régimen de refinanciación en al menos 12 cuotas con un tope de hasta el 30% de los ingresos para morosos de más de 60 días, fijar un techo a las tasas (mediante el indicador TAMAR) y condonar el 100% de los intereses punitorios.
Las intervenciones de la oposición fundamentaron la necesidad del proyecto en el deterioro de los indicadores socioeconómicos. El diputado Martín Lousteau (Provincias Unidas) detalló que el poder adquisitivo acumula una pérdida de 10 puntos en el sector general y de 20 en el empleo público, añadiendo que «el 40% de los deudores que ganan menos de $90.000 no puede pagar sus deudas» debido al incremento de las tarifas y gastos fijos.
En tanto, Kelly Olmos (UP) advirtió que «más de 6 millones de argentinos han ingresado en mora superior a 90 días», señalando que la falta de un marco de refinanciación empuja a los acreedores a pasar las deudas a pérdida y profundiza la recesión.
En contraste, desde la bancada del PRO, la diputada Daiana Fernández Molero justificó el rechazo al dictamen opositor al sostener que la fijación de topes a las tasas genera una retracción en la oferta de crédito: «Si se rompen contratos del pasado y se ponen topes de tasas, a una familia le será más difícil conseguir crédito o terminará recurriendo a tasas más altas fuera del sistema», advirtió.
Con la remisión a comisiones resuelta en la madrugada, el andamiaje legislativo que la oposición buscaba tratar en el recinto queda sin fecha de plenario, postergando la discusión sobre la regulación del mercado crediticio y la morosidad familiar.
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